Joan Miquel Perpinyà01/12/24 4:00
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La crisis institucional que atraviesa el Consell Insular de Formentera, bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba, no tiene precedentes en nuestro país. El dictamen de la Comisión de Ética y Buen Gobierno desnuda de forma contundente la gestión autocrática de Córdoba, quien no sólo ha recusado a dos miembros de este órgano independiente, sino que rechaza acatar sus conclusiones. Su actitud en este asunto concreto supone una irresponsabilidad más que sumar a la extensa lista de barbaridades nunca vistas que lleva perpetrando en el último año y un ataque directo a los principios de transparencia, colegialidad y pluralismo que sustentan nuestro sistema democrático.

Su comportamiento incurre en una alarmante falta de respeto por el código ético que él mismo está obligado a cumplir. Su negativa a asumir cualquier responsabilidad en la profunda crisis que sacude al Consell Insular es un acto de cobardía política y una evidencia más de su desdén por los valores fundamentales de buen gobierno.

Los miembros de la Comisión, tildados por Córdoba de «pelotón de fusilamiento», han solicitado al pleno del Consell emprender acciones legales contra el presidente, algo que han respaldado todos los integrantes del pleno excepto el autor del exabrupto. El dictamen evidencia que Córdoba usa la institución como un instrumento personalista al servicio de sus intereses. No se puede decir nada peor de un político.

Una institución secuestrada
Bajo la presidencia del mariscal Córdoba, el Consell de Formentera se ha transformado en una entidad unipersonal, rompiendo con su naturaleza esencialmente colegiada y plural. La Constitución de 1978, junto con la normativa de la Unión Europea y nuestro marco legal, establece que las instituciones públicas deben regirse por principios de participación ciudadana, responsabilidad colectiva y pluralismo político. Córdoba ha hecho caso omiso de estos fundamentos, gobernando como si el Consell fuera una extensión de su voluntad.

La recusación de dos miembros de la Comisión de Ética y el rechazo al dictamen emitido, son muestras del autoritarismo que caracteriza su mandato. Su incapacidad para aceptar las críticas y rendir cuentas, atenta contra la democracia y la propia ciudadanía de Formentera, que no merece sufrir esta tiranía despreciable.

Irregularidades y opacidad
El informe de la Comisión destaca múltiples irregularidades en la gestión de Córdoba, desde el uso indebido de recursos públicos hasta la filtración de documentos confidenciales, pasando por su desprecio hacia los funcionarios y sus intentos de obtener beneficios económicos personales. La lista de acusaciones es devastadora y cada uno de los actos que ha perpetrado son auténticas cargas de profundidad para la imagen del Consell de Formentera y para la confianza ciudadana. No hay en su comportamiento rastro alguno de ética.

Poner fin a la crisis
Es hora de que Córdoba deje de aferrarse al poder y permita que Formentera recupere la dignidad institucional que él ha triturado a conciencia. La presidencia de Córdoba ha sido un ejercicio de despotismo intolerable que no puede prolongarse ni un día más. Formentera merece un presidente o presidenta que valore el consenso, respete al pleno y rinda cuentas ante sus ciudadanos. El tiempo de Córdoba ha terminado; es momento de que la isla recupere su voz y su dignidad.