Sin efectividad real

Cada partido en su ámbito de poder y de gestión, anuncia supuestas medidas novedosas para paliar la gravedad de la situación actual, que ya es prácticamente insostenible. Es esta una cuestión que reviste especial gravedad en las Pitiusas, ya que sin ninguna duda son nuestras dos islas las más castigadas. La realidad es que algo tan evidente no parece que sean capaces de verlo quienes tienen las competencias y la responsabilidad de atacar el problema.

Unos y otros se limitan a lanzar propuestas de futuro y a hacer anuncios de nuevos programas de actuación, pero hacen todo ello pensando más en llevar la contraria a los rivales políticos, que en colaborar para intentar salir del barrizal en el que nos encontramos. Si nos ceñimos a la administración que tiene las competencias en materia de vivienda en nuestras Illes Balears, cabe señalar que desde la llegada al Govern del PP y sus socios parlamentarios de Vox, se ha venido asegurando que de forma inmediata se iba a notar una mejora en cuanto al tema de la vivienda gracias a las medidas aprobadas por la derecha y que nada tienen que ver con las que tomó el anterior gobierno autonómico progresista.

La última de esas novedosas e ingeniosas medidas es el denominado programa de alquiler seguro, que debería aportar al mercado de alquiler unas 2.000 o 3.000 viviendas que ahora están fuera del mismo. Pues bien, los primeros indicios conocidos transcurridos quince días desde el inicio del citado programa, no hacen que podamos ser mínimamente optimistas de cara a la resolución del problema.

Desde un principio parece claro cuál es el objetivo que persigue tal programa y que no es otro que ayudar a garantizar los ingresos de los propietarios, marginando y olvidando a los miles y miles de potenciales inquilinos que buscan una vivienda a un precio asequible y a quienes les resulta imposible encontrarla. Cabía presuponer que desde el Govern se hubiera hecho un sondeo previo entre los propietarios, que permitiera afirmar sin el menor reparo que hasta 3.000 de ellos iban a aportar sus viviendas al fantástico programa anunciado.

Ya dije en otra ocasión que la diferencia de precios establecida para los alquileres de estas viviendas, suponían un nuevo agravio comparativo para los posibles inquilinos de nuestras islas, dado el coste al que se debe hacer frente según en qué isla se vaya a alquilar. Pero lo cierto es que tal diferencia de precios a cobrar y que hace que una vivienda del programa resulte mucho más cara en Eivissa y Formentera que en Mallorca o Menorca; no parece que resulte un detalle lo suficientemente atractivo para los propietarios de las Pitiusas.

De los miles y miles de propietarios que alquilan sus viviendas, unos legalmente y otros ilegalmente, en Eivissa y Formentera; tan solo cuatro de ellos han solicitado información sobre el programa a los Agentes Inmobiliarios o los Administradores de fincas; solo cuatro desde la puesta en marcha de un programa, en teoría ambicioso, que debía resultar tan ventajoso para todos, propietarios e inquilinos. En el total de Baleares no se llega ni a las cien solicitudes de información.

Según los profesionales del sector inmobiliario y el propio Conseller de Vivienda del Govern, hay que seguir siendo optimistas de cara a los próximos meses, si bien por mi parte dudo mucho que con el tiempo vayan a ser capaces de aproximarse ni tan siquiera a esas 3.000 viviendas anunciadas; por mucho que se favorezca a los propietarios y se siga fastidiando a los inquilinos. El gran error de partida está en hacer creer que durante todo el año hay miles de pisos vacios, por el temor de sus dueños a sacarlos al mercado; cuando lo que realmente ocurre es que durante la temporada de verano son muy pocos los pisos que permanecen vacios en nuestras islas.

Los propietarios siguen viendo mayor posibilidad de obtención de beneficios en el alquiler turístico, aunque sea ilegal, que en la participación en el programa de alquiler seguro del Govern; sobre todo vista la tibieza y falta de contundencia real que se evidencia en la lucha contra la piratería en el sector.

En contraposición a todo ello, se acaba de conocer la sentencia del TSJB avalando la posible expropiación temporal de viviendas propiedad de Bancos y Fondos de inversión que lleven como mínimo dos años cerradas. Actuar contra los abusos de las entidades inversoras y financieras, sin que por ello se perjudique a ningún propietario particular, podría ser mucho más positivo que seguir aplicando propuestas vacías de efectividad.