Los anuncios grandilocuentes suelen ser una constante en la vida política actual. Acostumbran a convocarse numerosas ruedas de prensa y la mayoría de ellas con escaso valor informativo real. Del mismo modo son abundantes las declaraciones públicas, los comunicados y las entrevistas concedidas por los políticos en general. También suele ocurrir bastante a menudo que esas ansias por ocupar espacios y tiempo en los diferentes medios de comunicación acaben provocando declaraciones contradictorias entre responsables de un mismo partido político o de un mismo gobierno. Como he dicho antes, se trata de una constante en la política en general y viene ocurriendo independientemente de cual sea el color político de turno.
Hoy quiero hacer referencia a alguna situación que nos afectan directamente y que ha sido protagonizada por miembros de nuestro Govern balear. Para empezar recordaré que uno de los temas estrella de este verano viene siendo el tema de la saturación turística y sus consecuencias. Empecemos ciñéndonos a esta cuestión y para ello quiero recordar las recientes declaraciones de la presidenta Prohens, afirmando que ha llegado la hora de plantear una actividad turística más sostenible. Para ello y con retraso como suele ser habitual, se ha convocado una mesa de trabajo para que los diferentes sectores que puedan estar interesados, aporten ideas y propuestas con las que en un futuro se pueda trabajar para solventar esa saturación insostenible.
Podría parecer que, salvo contadas excepciones, la gran mayoría está de acuerdo en la necesidad de afrontar y atacar la problemática de la saturación turística y así lo han manifestado los diversos sectores afectados. Pero desafortunadamente en demasiadas ocasiones los anuncios y declaraciones de intenciones se quedan en anuncios de cara a la galería y en intenciones de boquilla que nunca se hacen realidad.
Algo así es lo que viene ocurriendo en este tema concreto y en lo que se refiere al Govern balear. No debemos olvidar que está en trámite en el Parlament una amnistía urbanística, que ha de permitir regularizar aquellas casas edificadas sin licencia y que a día de hoy están fuera de ordenación. Pues bien, uno de los compromisos que se adquirieron en un principio fue que ninguna de esas casas que fueran legalizadas podría dedicarse al nefasto negocio del alquiler turístico. Ese planteamiento de alguna forma avalaba el argumento de que tan solo se pretendía regularizar una edificación que, a pesar de haberse construido sin licencia, en ningún caso podía ser demolida. Y ese principio lo defendió con contundencia el portavoz del Govern, Toni Costa.
Pero ya se sabe, cuando un principio es ficticio acaba saltando por los aires. Y así ha ocurrido en este caso y desde el PP, a pesar de lo dicho anteriormente, se está tramitando una enmienda a la normativa en cuestión que ha de permitir que las casas que sean legalizadas a través de la amnistía urbanística y estén explotando plazas de alquiler turístico en las mismas podrán seguir realizando esa misma actividad una vez amnistiadas.
Ahora el argumento ha cambiado radicalmente y la negativa contundente que abanderaba el portavoz del Govern ya no existe. Ante las críticas recibidas, ahora se defiende lo contrario a lo que se dijo inicialmente con un argumento que no se sostiene en lo más mínimo. El Govern defiende ahora que dado que lo único que se hace es mantener unas plazas que ya se estaban explotando y que lo hacían con su correspondiente licencia, la medida no supondrá un aumento de plazas turísticas. Este argumento cae por su propio peso ya que lo que cabe preguntarse en realidad es: ¿cómo se pudo en su momento autorizar una actividad turística en una construcción sin licencia y por tanto ilegal?
Resulta francamente absurdo y contradictorio. La medida tal y como se propuso inicialmente acabó siendo un inconveniente que posiblemente pudiera afectar los intereses de algún conocido del partido gobernante y cuyo interés particular haya resultado mucho más defendible que el interés general de la sociedad de nuestras islas. Parece difícil que desde este posicionamiento se pueda pretender seguir diciendo que se trabaja en defensa de un futuro más sostenible tanto para nuestro territorio como para nuestra industria turística.
Lo que ya era ilegal de facto no se puede mantener ya que con ello lo único que se hace es dar la razón a la oposición cuando se afirma que la normativa en trámite parlamentario lo único que acaba haciendo en realidad es turistificar todo el territorio de las islas. ¿Dónde quedan las afirmaciones y los compromisos para luchar contra la piratería en diversos sectores?
Se supone que para combatir la saturación, había que empezar por acabar con el alquiler turístico ilegal; si bien parece que para algunos ese concepto no existe y por tanto no les afecta.
Otro tema contradictorio es la supuesta rotura del pacto PP/VOX, pero eso merecerá capítulo propio en su momento.
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