Imagen de archivo de una patera en aguas de las Pitiusas.

Espeluzna comprobar cómo el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, se desentiende olímpicamente de la llegada de menores no acompañados a territorio balear. Y no contento con eso, lanza reproches a los consells insulars, acusándolos de «echar balones fuera». Como si no fueran los gobiernos insulares y el Govern los que se hacen cargo de los MENA que llegan masivamente a sus territorios. Rodríguez Badal presume de que el Gobierno de Pedro Sánchez coordina a las distintas instituciones y entidades ante la llegada de pateras repletas de inmigrantes irregulares, «así como la atención a los adultos con perfiles de vulnerabilidad a través del sistema de atención humanitaria». ¡Estaría bueno que no lo hiciera! Pero, ¿por qué no dice cuántos de los más de 2.000 inmigrantes llegados a Formentera, Ibiza y Mallorca en lo que llevamos de año, han sido devueltos al país del que salieron? La cifra es cero. Por eso no lo mencionan. Y ahí radica el absoluto fracaso de la política del Gobierno de España en materia de inmigración irregular. Desde que Sánchez decidió complacer a Marruecos con el asunto de la autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí, una auténtica traición perpetrada por el PSOE, Argelia no coopera en materia de inmigración, ni en ningún otro. Sánchez vistió un santo, a costa de desvestir a otro. Y lo pagan los ciudadanos de Baleares con una avalancha de inmigración irregular masiva que ha puesto en jaque los servicios de rescate y acogida. No se puede devolver ni a uno solo. Los que llegan, quedan absolutamente libres para ir donde quieran. Y los menores no acompañados, de los que deben hacerse cargo las instituciones insulares y autonómicas, ya superan la capacidad de acogida. Y aún hay que soportar que el delegado del Gobierno sanchista les regañe por estar más que al límite de su capacidad. Es pura desvergüenza.