Desmoti-vado

Y les podrá parecer algo banal, pero no contar con este servicio conlleva una perjudicial afección a la actuación judicial y a la prestación de un servicio público de especial relevancia que, a la postre, repercute negativamente, precisamente, en toda la ciudadanía. Desde su supresión, los Jueces y Magistrados de nuestro partido judicial han debido atender la función que constitucionalmente tienen encomendada con las dificultades propias derivadas de la necesidad de estacionar sus vehículos en lugares distantes a las sedes judiciales, ubicadas en zonas con escasa disponibilidad de aparcamiento, con el retraso que ello conlleva en el inicio y desarrollo diario de sus trascendentes actuaciones judiciales, a lo que deben adicionarse los inconvenientes derivados de tener que estacionar vehículos de personas con altas responsabilidades públicas en lugares alejados de la propia vigilancia de los edificios judiciales, llegando incluso a compartir estacionamiento con ciudadanos a los que, acto seguido, deben juzgar o condenar.

No se trata de obtener un privilegio o prebenda injustificada, sino de garantizar el efectivo ejercicio de la labor jurisdiccional y de preservar la independencia judicial de forma plena, algo que no es posible en la actualidad ni tan siquiera por el Juez de Instrucción que, semanalmente, presta el servicio de Juzgado de Guardia, junto a otros trabajadores públicos esenciales en su desarrollo. No se trata de una petición caprichosa, sino necesaria, pues como prevé nuestra Constitución, los Jueces y Tribunales, también los ubicados en Ibiza, integran el tercer poder del Estado. Imparten Justicia en nombre del Rey, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, garantizando la tutela de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, requiriendo el desempeño de esta ardua y relevante labor las mejores condiciones para su ejercicio, resultando procedente reclamar de las autoridades competentes la colaboración necesaria, como así se ha hecho en reiteradas ocasiones sin resultado alguno.

Y esta colaboración no es distinta de la que sí se otorga a otras entidades que también prestan servicios públicos de relevancia en nuestra sociedad, como el vado existente frente al nuevo edificio judicial destinado al estacionamiento de una Policía que, precisamente, va a desempeñar actuaciones ante la autoridad judicial, disponiendo aquéllos de la posibilidad de un estacionamiento del que carece ésta. También puede observarse otro vado similar frente a la casa del mar, en el paseo Juan Carlos I, destinado a la Delegación de Gobierno. Hasta los jueces de paz de los distintos municipios disponen de vado de estacionamiento frente a los respectivos Juzgados de Paz, como el de Santa Eulalia del Río, ubicado en calle del Pintor Vizcai. Ni que decir tiene que de este mismo tipo de estacionamiento reglado dispone el Ayuntamiento de Ibiza, en particular para el aparcamiento de vehículos de la Policía Local en la calle Canarias, precisamente junto al Cetis, cuando ya dispone de multitud de plazas en el estacionamiento subterráneo de dicho edificio como consecuencia del arrendamiento de oficinas en el mismo.

¿Se imaginan al Presidente, o a los distintos Consellers, teniendo que buscar estacionamiento en las proximidades del Consell para acudir a sus reuniones o plenos? No hace falta que lo imaginen, porque ese edificio sí dispone de estacionamiento propio e interior. ¿Imaginan que fuera el Comisario de la Policía Nacional quien debiera andar buscando estacionamiento cerca de la comisaría, aparcando su vehículo en un lugar carente de vigilancia y junto a los vehículos de otras personas a las que sus agentes han detenido por hechos delictivos? Tampoco hace falta que lo imaginen, porque también la comisaría dispone de un estacionamiento interior, protegido y vigilado. Pues de esto mismo carecen los representantes del Poder Judicial en nuestras islas. Aquéllos que deben acordar la prisión provisional de una persona, condenar a un porrón de años de prisión a delincuentes de todo pelaje, adoptar una medida de alejamiento para proteger a una víctima, privar de la guardia y custodia de los menores a un progenitor o lanzar de una finca a multitud de ocupantes ilegales. Éstos deben, primero, estacionar y llegar a las audiencias y vistas que tienen señaladas, teniendo que interrumpirlas, cada dos horas, para renovar en su caso el estacionamiento en la zona azul. Después, rezar para que sus vehículos sigan en las mismas condiciones en que los dejaron y, de paso, no sean interpelados o atacados por nadie de camino a ellos. Ah, pero no pasa nada, que se busquen la vida como todo hijo de vecino y que se apañen si les ocurre algo a ellos o a sus vehículos particulares. Si esto es serio que venga Dios y lo vea.

Que Ibiza sea la cabeza del partido judicial de Ibiza y Formentera, y que en dicha ciudad se ubiquen las sedes judiciales de ambas islas, es un enorme privilegio que debe conllevar la obligación de dotar a este relevante servicio de los instrumentos necesarios para su mejor prestación, debiendo disponerse lo oportuno para garantizar el estacionamiento de vehículos del personal judicial en las inmediaciones de las dos sedes judiciales. Lo contrario sería, además de temerario, un agravio comparativo con uno de los tres poderes del Estado con representación en nuestras islas, que merece un trato acorde con la relevancia que ostenta y la labor que desempeña. No se están pidiendo viviendas como las que el Ayuntamiento de Ibiza cede a la Policía Nacional para su personal, sino simplemente estacionamiento seguro. Pase que últimamente se nos ataque desde todos los ámbitos y hasta que no gocemos, ni de lejos, de todas las prebendas de las que sí disponen los otros dos poderes del Estado. Pero, lo que aquí ocurre y ahora se denuncia, es ya de chiste de Gila, aunque haya quien no quiera verlo y hasta se lo tome a guasa. Venga, que siga el cachondeo, que cuando pase algo grave ya nos tiraremos de los pelos. Hagan el favor.