De izquierda a derecha, Javier Serra, Llorenç Córdoba y José Manuel Alcaraz, en una imagen de archivo.

El cruce de denuncias entre el presidente de Formentera, Llorenç Córdoba, y su antiguo partido, Sa Unió, era el escalón que faltaba por subir en una crisis política sin precedentes que, según parece, terminará en los tribunales. Se veía venir y quizás sea lo mejor, porque ha quedado demostrado que, políticamente, los partidos con representación en el Consell Insular, Sa Unió, Gent per Formentera y PSOE, no son capaces de ponerle remedio y prefieren soportar esta situación completamente anómala de inestabilidad política e institucional, antes que pactar una solución que permita apartar de la presidencia al causante del desaguisado. La moción de censura es el mecanismo que la Ley prevé para remover a quien se atrinchera en el puesto de mayor responsabilidad y está huérfano de apoyos, pero las formaciones políticas de Formentera optan por cronificar la parálisis y agrandar la crisis, creyendo que sacarán provecho del caos. Las acusaciones de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos que Óscar Portas ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción son sumamente preocupantes. La guinda del pastel. Y aunque Córdoba diga estar «muy tranquilo», cualquiera en su pellejo no lo estaría tanto. De todas formas, la procesión va por dentro. Pero una denuncia en la Fiscalía es una bomba de espoleta retardada y se sabe cómo empieza, pero nunca se puede saber cómo terminará explotando, ni cuándo, ni a quién alcanzará la onda expansiva. Pero uno se pregunta qué más tiene que suceder para que, con la parálisis absoluta en la gestión del Consell Insular, que afecta tan negativamente a los ciudadanos y a la imagen de la isla, todos los actores políticos pacten una salida, por precaria que sea. Cualquier cosa será mejor que este espectáculo deplorable que ha convertido a la máxima institución de Formentera en un lodazal indescriptible.