La función principal que tienen encomendadas las diversas administraciones públicas no es otra que hacer posible una correcta convivencia social, atendiendo a los problemas que se vayan presentando, vigilando el cumplimiento de las leyes y ordenanzas y haciendo posible el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a los que se deben.
Me vienen ahora a la cabeza las diversas declaraciones de los vencedores en las últimas elecciones locales y autonómicas del pasado año. Recuerdo que en el caso concreto del municipio de Ibiza llamó la atención el desconocimiento de los responsables del gobierno municipal las dos legislaturas anteriores en referencia al ambiente de rechazo que se vivía en la calle y que proporcionó al PP una mayoría absoluta aplastante para gestionar el municipio.
Se dijo en su momento que tal resultado era la consecuencia directa del alejamiento de lo que venía ocurriendo en la calle y, por tanto, de lo que ocurría en el día a día por parte de los entonces responsables municipales. En la gestión de una administración local es básica y fundamental la cercanía a la gente, a los problemas reales de los ciudadanos. Es fundamental escuchar, pero una vez hecho esto es también muy importante actuar, ya que tan solo escuchando tampoco acaban resolviéndose los problemas.
Como he dicho, la amplísima representación obtenida por la derecha en Vila, con 15 concejales disponibles a la hora de poder desempeñar las funciones que son propias de un gobierno municipal, supusieron sin duda una inmensa e inesperada alegría para los vencedores, pero al mismo tiempo ello suponía un altísimo grado de responsabilidad e implicación en la gestión.
He querido empezar el artículo con esta reflexión debido a una piedra en el zapato que parece haberle aparecido en su primer año de andadura al nuevo gobierno municipal encabezado por Triguero. Una de sus consignas en la campaña electoral era la de escuchar más a la gente de la calle y estar plenamente implicados en la resolución de los problemas y no parece que sea así en cuanto a su implicación en la resolución de un problema en concreto que ha salido a la palestra estos últimos días. Me refiero a la falta de seguridad y civismo que viene afectando a una zona tan céntrica y concurrida como es la Plaza del Parque.
Parece mentira que un punto neurálgico del núcleo urbano, con un buen número de bares, cafeterías, restaurantes, varios comercios y un hotel que concentran a muchas horas del día y de la noche una ingente cantidad de gente mayoritariamente residentes durante el invierno y a los que se suman muchos turistas en la temporada estival, se vea gravemente afectado por los graves problemas de seguridad y convivencia que se han denunciado públicamente.
No se trata de un barrio abandonado en los suburbios: es una zona en pleno centro, entre el paseo Vara de Rey y las murallas que son parte del Patrimonio de la Humanidad. Y, a pesar de ello, ve cómo su día a día va empeorando por la actitud incívica y, en algunos casos, agresiva de un grupo de indeseables que campan a sus anchas en esa plaza. A pesar de las diversas denuncias de los comerciantes de la zona, la situación en lugar de mejorar va empeorando semana tras semana.
La actitud molesta y agresiva de ese reducido número de personas que pululan a sus anchas pone en peligro no solo la viabilidad de los negocios abiertos, ya que dicho peligro se extiende a los trabajadores de los mismos y a los usuarios de todas las edades de dicha plaza. Por lo que conocemos, la Asociación de Comerciantes ha sido recibida por el Comisario de la Policía Nacional en Ibiza y cabría esperar que de esa reunión hayan podido surgir algunas propuestas que puedan ayudar a eliminar la conflictividad en la zona.
Pero con las actuaciones previstas por la Policía Nacional en el marco de sus capacidades y posibilidades está claro que no será suficiente. Se hace imprescindible la implicación directa del Ayuntamiento de Eivissa ya que en la problemática en cuestión confluyen cuestiones de seguridad, necesidades sociales, salud pública y convivencia. La colaboración con las citadas fuerzas de seguridad ciudadana por parte de la policía local y de los servicios sociales municipales parece imprescindible.
Por todo ello, las agresiones a niños y adultos, los robos a clientes de los bares, las constantes molestias a los mismos y a los trabajadores, las deplorables imágenes de individuos tirados en el suelo y pinchándose sustancias estupefacientes a plena luz del día deben acabar definitivamente. El Ayuntamiento de Eivissa ha de intervenir con urgencia y contundencia para evitar que ese punto tan céntrico y concurrido acabe convirtiéndose en un gueto. Para ello ha de haber una estrecha colaboración entre la administración local y las fuerzas de seguridad de la isla.
La capacidad de gestión y la implicación hay que demostrarlas. De lo contrario, el cambio prometido se esfumará rápidamente.
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