Vuelve la burra al trigo

Hace ya tiempo que venció la moratoria que prohibía el atraque de ferris de más de 65 metros de eslora en la estación marítima de Portmany. Y si hasta ahora, no se había reanudado la actividad que nunca debió detenerse, pues lo hizo únicamente por criterios políticos sectarios y radicales de los partidos de izquierdas, ha sido porque ninguna naviera había manifestado tener interés en operar allí. Pero eso ya es cosa del pasado, porque Baleària ha solicitado formalmente trabajar en Sant Antoni con el fast ferri Cecilia Payne entre el 14 de junio y el 30 de septiembre. Y se lo van a conceder, o deberían hacerlo, porque no hay ninguna razón legal para denegar una petición razonable, segura, viable, factible y temporal.

Los talibanes que prohibieron la náutica comercial de pasajeros y mercancías en una estación marítima que pagamos todos los ciudadanos de Baleares y que costó una millonada, cacarean ahora que reabrir el puerto de Sant Antoni al tráfico de ferris es «un error». Los socialistas, liderados –es un decir– por Antonio Lorenzo (si quieren saber quién es, busquen en Google), afirman que los buques de un máximo de 65 metros de eslora máxima encajan mejor en el modelo de bahía que la mayoría de ciudadanos desean. Encaja tan bien que desde que se impuso la ocurrencia, no ha entrado ningún ferri en la bahía, que es lo que se pretendía.

Los socialistas portmanyins se empeñan en defender las aberrantes políticas prohibicionistas y restrictivas que les llevaron a perder las elecciones municipales en 2019 y a que se repitiese el castigo electoral en 2023 dada su nula autocrítica y propósito de enmienda. Pese a ello, Antonio Lorenzo se erige, desde la irrelevancia política, en portavoz de la mayoría social. Ya se sabe que tal constructo pertenece siempre y en todo caso, por derecho propio y al margen de lo que elijan los ciudadanos en las urnas, a los partidos de izquierdas. Todo lo que ellos apoyen o dejen de apoyar obedece a la mayoría social. Es como la palabra de dios que oían los profetas. Ahora ellos son los profetas a quienes hay que obedecer. Por eso, se atreven a exigir a aquellos gobernantes que han ganado las elecciones, a que hagan lo que ellos dicen.

¿Por qué razón debería el alcalde Marcos Serra a oponerse a la llegada de un ferri diario desde Dènia y otros cuatro a la semana desde Palma? ¿Acaso los vecinos de Sant Antonio no viajan? Ha de tenerse en cuenta algo que se olvida frecuentemente. ¿Le pregunta alguien al alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, si le parece bien que el aeropuerto de es Codolar opere vuelos con Oporto, Liverpool o París, por poner algunos ejemplos? Todo el mundo es libre de opinar y están en su derecho, pero el aeropuerto –y el puerto de Sant Antoni– no son una competencia municipal.

Sucede que los socialistas, además de opinar, se atreven a difamar a aquellos que no comparten su criterio, acusándolos de defender oscuros intereses, porque ya se sabe que ellos son quienes ostentan, por derecho natural, la mayoría social. Así, se atreven a usar la cuenta de Twitter (o como demonios se llame ahora) de la Agrupación Socialista de Sant Antoni para hacer insinuaciones difamatorias y bajunas, sobre el actual director general de Ports i Transport Marítim de la Conselleria de la Mar, Antoni Mercant. ¿El motivo? No ser un muerto de hambre como los altos cargos que a menudo fichaba el Govern de Francina Armengol, sin oficio ni beneficio, cuya vida laboral se limitaba a los cargos remunerados del partido y, excepcionalmente, a algún contrato temporal en una tienda de yogures helados tipo yugu-yugu.

Antoni Mercant fue directivo de Baleària, que es la naviera que ha solicitado reabrir la estación marítima de Sant Antoni. «Nada es causalidad, todo es causalidad», dicen los socialistas. Omiten que también trabajó en Trasmapi y Trasmediterránea, que es licenciado en Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad Politécnica de Cataluña y capitán de Marina Mercante. Además, fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca. Su currículum es sobresaliente y, desde luego, humilla al del mejor de los socialistas de Sant Antoni, no digamos ya expediente raquítico y paupérrimo de su secretario general, portavoz vitalicio de la mayoría social.

Mientras algunos sólo ofrecen a la ciudadanía tantas limitaciones y prohibiciones como se les ocurran, el Govern balear, el Consell d'Eivissa y el Ajuntament de Sant Antoni deben trabajar decididamente y sin complejos para acabar con ellas. La gente votó cambio y cambio es lo que debe haber, en Sant Antoni, en Ibiza y en toda Baleares.