La política de siempre

La vida política en nuestro país sigue su marcha y lo hace sin grandes sorpresas. Todo resulta muy previsible; todos siguen embarrados en ese absurdo e inútil lodazal que es la teoría del «y tú más» y con cada partido encerrado en su propia burbuja, con poca capacidad de mirar más allá de su propio interés.
Esta última semana ha venido marcada por dos grandes temas de actualidad, que por supuesto seguirán dando mucho que hablar todavía. El denominado caso Koldo y la ley de amnistía han sido sin duda los focos de atención en nuestro país. En ambos casos nos encontramos con posicionamientos enconados, tanto en quien gobierna, como en la oposición.
En el primero de los dos casos citados, parece claro que se trata de un presunto caso de corrupción política, en la que una serie de personajes indeseables de la vida pública del país habrían obtenido unos rendimientos ilícitos en uno de los momentos más duros para el conjunto de nuestra sociedad. Pero siendo esto totalmente reprobable, no se trata de nada demasiado novedoso. No lo es el hecho en sí mismo, ni lo está siendo la reacción de los partidos políticos al mismo. Es cierto que esta trama corrupta está vinculada al Partido Socialista actualmente en el poder; es cierto también que se echan en falta determinadas declaraciones que resulten más contundentes y puedan ser mucho más clarificadoras.
Entre los cargos públicos afectados por este asunto, aunque hasta la fecha no incluidos en el correspondiente sumario en curso, se encuentra la ex Presidenta de nuestra Comunidad Autónoma y actual Presidenta del Congreso de Diputados. Por haber contratado con la empresa ligada a la trama corrupta, se le reclama la dimisión de su actual cargo público y en esta exigencia se está volcando la oposición del Partido Popular. Parece claro que las explicaciones que la Presidenta del Congreso debe dar, deberían ser más claras y contundentes en temas como, el porqué se acepto un cargamento de un material que no se ajustaba a los requisitos solicitados y que además fue rechazado por otras Comunidades Autónomas gobernadas por socialistas; también convendría dar explicaciones más convincentes sobre el porqué se esperaron tres años para iniciar un proceso de reclamación de la cantidad pagada por el cargamento.
Todo ello es cierto, ahora bien no lo es menos que quienes en estos momentos abanderan el estandarte de la limpieza y la lucha contra la corrupción, no son precisamente un ejemplo a seguir en cuanto a limpieza y transparencia en los múltiples casos en los que se han visto envueltos como partido político. Todavía se esperan explicaciones y el posible reconocimiento de su parte de responsabilidad en casos muy parecidos o del mismo corte, como puedan ser los de los negocios del hermano de la Presidenta Díaz Ayuso o del primo del Alcalde de Madrid Martínez Almeida, ambos relacionados con operaciones de venta de mascarillas también. Unos y otros deberían ser conscientes de que cuando uno pretende ser adalid de la limpieza en la política, lo primero que debería hacer sería mirar bajo sus propias alfombras y sacar toda la porquería que allí se esconde. Unos y otros tienen mucho que barrer todavía.
En el segundo de los casos citados al principio, el de la ley de amnistía, también siguen desde el gobierno y la oposición enfrascados en una lucha, en la que se vienen utilizando argumentos de cara a sus propios partidos, pero que si se analizan detenidamente resultan poco creíbles y en muchos casos poco coherentes. Por parte del PP se siguen refiriendo a esta propuesta de ley, como una decisión corrupta, ya que solo busca mantener a Pedro Sánchez en el poder. Tampoco se pueden olvidar las permanentes acusaciones vertidas sobre este proyecto, del que se ha afirmado que es claramente inconstitucional y que pone en peligro el principio básico en democracia, que es el de la separación de poderes.
No parece claro en que se puede poner en peligro la citada separación de poderes, cuando en cualquier caso la última palabra la tendrá precisamente el poder judicial, que deberá decidir si la ley que se apruebe por parte del legislativo se adapta o no a los preceptos normativos en vigor. Más allá de eso no son más que cábalas absurdas, que solo buscan el rendimiento político de partido. Si tanto se defiende cuando interesa el peso real que tiene nuestra Constitución en nuestra democracia, dejemos que el órgano judicial que tiene las competencias para ello decida si el proyecto que acabe aprobándose, se ajusta o no a nuestra Carta Magna; cualquier otro posicionamiento es pura entelequia.
Puestos a valorar situaciones que puedan poner en peligro nuestra democracia, mejor sería vislumbrar lo que para la estabilidad social y política puedan suponer los numerosos acuerdos de la derecha española con un partido de corte neofascista y que siente profunda admiración por nuestra oscura etapa de dictadura franquista.
Va siendo hora de que nuestros políticos sean capaces de hacer política con letras mayúsculas y dejen de hacerlo mirándose el ombligo.