¿Qué intereses prevalecen?

Lo cierto es que cuando entró en vigor nuestra Constitución Española el redactado del artículo 69 de la misma, que es el que hace referencia a la elección de los senadores era correcto, ya que en el punto correspondiente a las provincias insulares dice que corresponderá elegir un senador por Ibiza-Formentera; siendo eso así ya que por aquel entonces nuestro Consell Insular, lo era de Eivissa y Formentera. Ese ha sido desde entonces el argumento utilizado para justificar la injusticia. En el citado artículo de la Constitución se especifica como requisito para que una isla pueda tener un senador propio, que tenga su propio Consell Insular.

Pues bien, resulta que en 2007 nace y se constituye el Consell Insular de Formentera, mediante la aprobación de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Prácticamente 27 años hace que la isla tiene su propio Consell Insular, en cambio sigue sin tener su propio senador debido a ese guión que figura en el punto 3 del artículo 69 de la Constitución. Esta circunstancia hace que desde hace esos 27 años Formentera esté sufriendo una tremenda injusticia y un escandaloso agravio.

Desde 2007 nuestra Carta Magna, contiene una clarísima contradicción en su propio redactado, ya que en ella se especifica que cada isla con Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, mientras en el mismo punto se sigue manteniendo el redactado original que corresponde un senador a la agrupación de islas Ibiza-Formentera.

Repito, en el año en que se aprobó la Constitución ese redactado era correcto, si bien lleva 27 años siendo incorrecto e injusto. La solución es aparentemente tan sencilla como modificar el punto 3 de ese artículo 69, eliminando las palabras agrupación de islas y el guión entre Ibiza y Formentera. Para poder modificar la Constitución hace falta que la apruebe una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

Cabe recordar que esta mayoría se cumple sobradamente en la actualidad sumando los representantes de los dos grandes partidos del panorama político español. Bastaría que Psoe y PP decidieran tramitar y aprobar la modificación, para que la misma fuese una realidad. Ahora bien, está claro que las apariencias engañan y por ello me he referido a que la solución es aparentemente sencilla.

A pesar de que en Baleares la reclamación del derecho a disponer de un senador para Formentera ha tenido el aval de una amplísima mayoría de los partidos políticos de las islas, el apoyo a tal petición pierde todo el fuelle en cuanto llega a instancias superiores de Madrid. En la capital de España nunca han visto con buenos ojos afrontar una reforma constitucional exclusivamente para cumplir con esa petición; pero no deja de ser una burda excusa ya que cuando hay oportunidad de hacerlo, ni PP ni Psoe aceptan tramitar la modificación.

Recientemente se ha podido comprobar, cuando los dos partidos mayoritarios han rechazado la admisión de una enmienda a la propuesta de reforma en trámite, para la eliminación del término «disminuido» en alusión a los discapacitados. El argumento para rechazar esta vez la propuesta de incluir en la reforma la sencilla rectificación del artículo 69, ha sido nuevamente absurda; ahora resulta que no quieren admitir nada que no sea lo estrictamente consensuado.

Y digo que resulta absurdo, ya que ambos partidos en Baleares están de acuerdo en la reforma para que Formentera pueda tener su senador. Es una nueva prueba palpable de la nula capacidad de todos y cada uno de los representantes políticos de los dos partidos mayoritarios, para influir en lo más mínimo sobre sus dirigentes en Madrid.

Ha de resultar realmente vergonzoso para nuestros diputados y senadores de Psoe y PP, constatar que resultan totalmente inútiles a la hora de convencer a sus partidos de que acepten una propuesta tan sencilla como es esta y comprobar cómo 27 años despues se siguen ninguneando y pateando los derechos de los formenterenses a quienes se sigue privando de lo que les corresponde. La cobardía de esos representantes es tal, que ninguno se ha atrevido tan siquiera a expresar públicamente su malestar por lo que está ocurriendo.

Esconder la cabeza en un agujero no reduce su incapacidad para defender los legítimos intereses de Formentera.