Un acuerdo ignominioso

Cuesta mucho aceptar que el PSOE haya firmado un acuerdo político con Junts per Catalunya, el partido del prófugo Carles Puigdemont, negociado directamente con el expresidente de la Generalitat que actualmente es eurodiputado, que plantea la amnistía que reclamaban los independentistas para hacer desaparecer sus graves delitos, como si nunca hubiesen sido perpetrados. Una amnistía que, no sólo es un borrón y cuenta nueva, sino que supone admitir que el Estado de Derecho puede ser anulado a conveniencia del Gobierno o de la mayoría del Parlamento. Que significa que el Poder Legislativo puede imponerse sobre el Judicial y, según le venga en gana, incluso llegar a disolver las sentencias de los tribunales, los procesos penales abiertos y las investigaciones en curso. Cuesta admitir esto, sobre todo si vemos las incontables veces que dirigentes socialistas, muchos de ellos ministros –hasta la exvicepresidenta Carmen Calvo– advirtieron de que una amnistía no tenía cabida en la Constitución; algo que cualquiera que la haya leído puede concluir sin necesidad de rebanarse la sesera, porque si se prohíben los indultos generales, cómo se van a permitir las amnistías. Pero hete aquí que lo que hace unos meses era imposible e inconstitucional, ahora no sólo es factible, sino que resulta muy conveniente y necesario para el país. Es imprescindible para recuperar la concordia. Haberlo dicho antes de las elecciones. Entonces se sostenía lo contrario. Pero hacen falta los votos de los diputados de Junts para que Pedro Sánchez sea investido nuevamente presidente del Gobierno. Eso es todo. Es natural que haya mucha gente indignada con este acuerdo que sitúa al país al nivel de una república bananera. Y que pone al Estado al mismo nivel de los delincuentes que proclamaron la independencia de Catalunya. Es imposible tragarse esta ignominia.