Intento desesperado

Una vez que se confirmó el fracaso en el intento de investidura como presidente de Alberto Núñez Feijóo y como era perfectamente previsible, se designo a Pedro Sánchez para que intentara conseguir la mayoría suficiente para ser investido y con ello seguir siendo el Presidente de nuestro país. A partir de ese momento se abrió el melón y cada uno se puso a lo suyo, unos a intentar conseguir aquello en lo que la derecha había fracasado y los otros, es decir esa derecha, a tratar de boicotear como fuera ese intento de las fuerzas progresistas.
En ese intento por hacer fracasar la negociación para la investidura de Sánchez, parece que todo vale y se da por buena la frase atribuida a Maquiavelo, de que «el fin justifica los medios». Desde un primer momento se ha demonizado por parte de la derecha y de la extrema derecha, la negociación con los partidos políticos nacionalistas o independentistas, tanto vascos como catalanes. Para ello no se ha dudado lo más mínimo, en acusar de todas las maneras posibles al Partido Socialista, de pretender romper España y de ir contra el estado de derecho, por mantener negociaciones con esos partidos que para la derecha y la ultraderecha, son la representación del mismísimo Satanás.
Está siendo todo un alarde de capacidad para insultar, manipular, faltar a la verdad y jugar muy sucio. Esas son las líneas maestras que el sector conservador de nuestro país, está utilizando para difundir todo tipo de falsedades, tratando con ello de hacer fracasar el intento de investidura de Sánchez. Claramente se está poniendo la venda antes de que haya cualquier herida. Ante el inicio de las conversaciones con los independentistas, está claro que estos expusieron un listado de exigencias, entre las que figuraba alguna que ellos mismo saben que es imposible, mientras que otras podían ser objeto de negociación. Entre estas últimas está la posible amnistía a los que se vieron involucrados en los actos del uno de octubre en Cataluña.
Automáticamente aparecieron en escena los agoreros de siempre, afirmando que tal pretensión provocaría que se rompiera España mañana mismo. También aparecieron supuestos expertos juristas que ya anunciaban que tal pretensión era claramente anticonstitucional. Es curioso que desde el PP se empezara a utilizar tal afirmación, nada más plantearse la posibilidad de negociar una amnistía y mucho antes de conocer ni una sola letra del contenido que pudiera tener una ley que la pudiera amparar.
Uno de los últimos intentos de boicotear las negociaciones en curso, se ha conocido esta misma semana. Diversos vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, han solicitado la urgente reunión de dicho Consejo para debatir una propuesta de rechazo de una futura ley de amnistía. Afirman los citados vocales, que se trataría de una ley anticonstitucional, que sería el primer paso para la abolición del Estado de Derecho, atreviéndose incluso a afirmar que ello pondría en peligro nuestra democracia.
Desde esos vocales del CGPJ, se afirma que el actual Gobierno de España, no estaría legitimado para proponer la tramitación de una ley de amnistía, por estar en funciones; olvidándose esos jueces conservadores, que ellos mismos llevan ya prácticamente cinco años formando parte de un Consejo General caducado y por lo tanto en funciones. Ese simple hecho ya deslegitima cualquier argumento que se pretenda utilizar por su parte. Este movimiento saca a la luz el verdadero motivo del PP, para seguir bloqueando la renovación del vergonzosamente caducado CGPJ. Es penoso que el PP tenga que acabar utilizando a un organismo judicial con clara mayoría conservadora de jueces, que siguen ocupando sus cargos por voluntad del partido de derechas, con el único objetivo de hacer la oposición política que el PP es incapaz de hacer.
También parece claro, que en este caso esos vocales del CGPJ se estarían extralimitando en sus competencias, ya que determinar si una ley es inconstitucional o no, no les compete a ellos, ya que para eso ya existe el Tribunal Constitucional, que será quien tenga la última palabra sobre tal extremo. Por otro lado también queda patente en esta propuesta de los jueces conservadores, que como miembros del poder judicial, se están inmiscuyendo en las funciones que la propia Constitución otorga al poder ejecutivo por un lado y al legislativo por otro.
Claramente es el PP, el instigador de semejante propuesta aberrante. La aprobación de una ley por sí misma, no vulnera el sagrado precepto democrático de separación de poderes; lo vulnera el chabacano y burdo intento de utilizar políticamente a uno de esos poderes, para arremeter contra el legítimo derecho de ejercer sus funciones de los otros dos.
Aquellos que se declaran más defensores que nadie de nuestra Constitución, deberían dejar de ensuciarla con sus tretas desesperadas. Debe ser el máximo Tribunal y no el PP o sus acólitos del CGPJ, quien decida la legalidad o no de una ley.