Sepa usted, vecino de Ibiza, que el Ajuntament d'Eivissa, siendo alcalde Rafa Ruiz, tras la reforma del paseo marítimo de ses Figueretes, instaló una pasarela fija de madera, sobre la arena de la playa, que ahora deberá ser desinstalada, a su costa (de usted, no de Rafa Ruiz, por supuesto). Fue instalada sin permiso de la Demarcación de Costas y sin una concesión administrativa que amparase aquella grosera ocupación del dominio público ajeno a las (in)competencias del alcalde Ruiz y de subordinada exconcejala de Urbanismo, Elena López; eterna número dos de los sucesivos machos alfa socialistas, los únicos capacitados para ser encabezar candidaturas, pero inmediatamente seguidos de mujeres sumisas y disciplinadas, como López, que ahora teje calceta en el Consell d'Eivissa, junto al inefable ‘Disgustinet'.
Tras una interesantísima discusión burocrática y legal entre dos administraciones gobernadas por socialistas, lo cual convierte la controversia en un concurso de «haber quién los tiene más grandes», la Dirección General de la Costa impuso al consistorio ‘vilero' una sanción de 14.013 euros por ocupación continuada de terreno público sin el debido título administrativo otorgado para ello. Y, además, ordenó la retirada de la pasarela de madera y la caseta de primeros auxilios de ses Figueretes, en un plazo de dos meses.
Cuesta imaginar cómo pudo suceder que uno de los proyectos estrella ejecutados en Vila bajo en el primer mandato del alcalde Rafa Ruiz, la reforma del paseo marítimo de ses Figueretes, donde el Consell d'Eivissa presidido por Vicent Torres y el Govern balear bajo la presidencia de Francina Armengol, financiaban junto al Ajuntament tan ansiado y necesario proyecto (el Govern con más de 2,5 millones de euros, que ya me dirás tú cómo es posible que los ecologistas ibicencos hayan terminado tragando con aberraciones como esta y otras peores), incorporase un elemento sobre la arena de la playa, sin las autorizaciones pertinentes.
Ahora, por aquella ilegalidad, el consistorio que preside el alcalde Rafa Triguero, ha tenido que pagar 14.013 euros que lo procedente sería que le fueran repercutidos al alcalde Ruiz para que su ineptitud no la paguen los vecinos de Vila, que ninguna culpa tienen de que a él se le antojase una pasarela de madera donde nunca antes la hubo.
Mientras, por un lado, Ruiz tenía ocupados a los servicios municipales, controlando las obras privadas ejecutadas en el municipio de Eivissa, todo porque los trabajos los realizaba una constructora cuyo propietario no le era propicio ni se sometía a sus caprichos; por el otro la institución que presidía, la encargada de velar por la legalidad de las obras en su jurisdicción, se saltaba las normas e impulsaba construcciones ilegales en el dominio público marítimo terrestre, sin contar con la autorización de Costas.
Con la hipocresía que caracteriza al personaje, Ruiz anunció en septiembre de 2018 la «eliminación de plataformas privadas en espacios ganados al mar». Se guardó de decir, a continuación, que, tras eliminar esos elementos privados, se instalarían otros públicos en espacios ganados a la arena, que ya se sabe que si lo hace un particular es algo muy malo, pero si exactamente lo mismo lo hace una institución gobernada por el PSOE, es algo muy bueno.
A este despropósito, ocasionado por una gestión municipal más que negligente y basada en el arrogante convencimiento de que las normas no son para quien había ganado las elecciones, sino para los electores y ciudadanía en general, habrá que añadir el pufo ocasionado a las arcas públicas al perder los fondos Next Generation que habían de financiar el proyecto del carril bici del primer cinturón de ronda.
Que los responsables de este desastre, tras el descalabro electoral y haber perdido el poder gracias al veredicto de la ciudadanía expresado en las urnas, sigan sentándose como si nada en el salón de plenos de Vila, o en el del Consell de Eivissa, es la demostración inequívoca de que ni tienen vergüenza, ni conocen lo que significa es palabra.
Borrones y Tachaduras
Rafa Ruiz: un pufo detrás de otro
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