Anuncios, promesas y realidad

Inmersos como estamos en plena campaña electoral, no cabe duda que en nuestra Comunidad Autónoma al menos, el gran tema a resolver es el de la vivienda. Los mítines, las reuniones, las ruedas de prensa y los comunicados de todos los partidos políticos giran en torno a la vivienda.
Lo cierto es que si nos atenemos a las posibilidades que cada partido tiene para obtener la representación suficiente que les permita gobernar, a día de hoy siguen siendo dos los partidos con alguna posibilidad de poder tomar decisiones en este sentido, ya que tan solo PSOE o PP, tienen opciones reales de gobernar la mayoría de instituciones que estarán en juego el próximo día 28.
Cabe recordar que dos son las instituciones con competencia para gestionar sobre vivienda y para aprobar normativa específica que la regule. Las dos instituciones en cuestión son el Govern Balear y el Gobierno del Estado. La capacidad de intervención de los ayuntamientos y consells, prácticamente se limita a la cesión de suelo para la construcción de vivienda pública o de protección.
Por parte de la derecha, se mantiene, por supuesto, la crítica feroz a cualquier propuesta que pueda salir de un gobierno de izquierdas, afirmando ofrecer en su programa electoral las soluciones reales al problema. Sin embargo la realidad pone a cada uno en su sitio y al PP también. Lo cierto es que sus propuestas son las de siempre y siguen dejándolo todo en manos del libre mercado y la empresa privada. A nivel autonómico y en las legislaturas en las que han ostentado la responsabilidad de gobernar, hay que reconocer que nunca han sido partidarios, ni de la construcción de VPO, ni de aprobar normativa específica que regulara el sector.
En este sentido basta recordar un dato hecho público esta misma semana y, no es otro que en los cuatro años de la legislatura que está a punto de acabar, el PP ha cedido un solo solar en toda Baleares para la construcción de viviendas de protección oficial. El solar en cuestión no era ni de Formentera, ni de Eivissa. También hay que recordar que la derecha está en contra de las insuficientes medidas que se contemplan en la nueva ley estatal de vivienda.
Por parte de la izquierda española, tanto a nivel estatal como autonómico falta valentía para aprobar y ejecutar medidas mucho más contundentes que las conocidas hasta la fecha. Parece que el problema de la vivienda haya surgido de repente y sin más, en este mes de mayo. Lo cierto es que hace años que planea sobre nuestras cabezas y ya nos afecta de forma gravísima. En cualquier caso, no se ha prestado la atención necesaria a la situación, hasta que se han acercado las elecciones y hay votos en juego. Esta circunstancia dice muy poco a favor de nuestros políticos en general.
Desde la izquierda, se enarbola ahora la bandera de esa nueva ley estatal de vivienda como la panacea que ha de resolver un problema ya enquistado y, nada más lejos de nuestra realidad al menos. Esta nueva ley contiene numerosas propuestas que serán muy beneficiosas en determinados territorios, pero no son suficientes para atacar el problema que se sufre en las Pitiusas.
Regular las subidas de los alquileres, no ataca los importes abusivos que ya se vienen pagando en nuestras islas, ni conseguirá que los próximos contratos vayan a tener que ser realmente asequibles. En esta misma línea, ha sido la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien afirmó hace un par de semanas que «la ley de vivienda no provocará una caída estrepitosa de los precios de los alquileres»; ello significa que aquí seguiremos con el problemón machacándonos.
Desde el Gobierno se afirma que esta nueva ley no atenta contra la propiedad, siendo este precisamente el argumento esgrimido para no atreverse a fijar un tope en los alquileres de las denominadas zonas tensionadas, entre las que sin duda se encuentran Eivissa y Formentera. Por otro lado, reseñar también que por parte del gobierno autonómico, falta decisión y valentía para atacar con contundencia la numerosa oferta ilegal de vivienda turística y no digamos para endurecer de una vez por todas las condiciones de la propia oferta reglada.
Absurdo resulta querer plantear como una novedad de futuro, la construcción de 532 nuevas viviendas de protección en Can Escandell, como si se tratara de un proyecto novedoso, anunciando el inicio de su construcción para esta próxima legislatura. Se trata en realidad de un proyecto que lleva muchos años anunciado y cuya construcción podría haberse iniciado hace un par de legislaturas.
Realmente ese proyecto si ha de suponer un punto de inflexión en la problemática global de la isla, ya que 532 viviendas, si es un número importante a la hora de poner en el mercado alquileres asequibles. Todo ello ocurrirá, si realmente el ministerio apuesta por que esas viviendas sean realmente sociales, sin ninguna afectación por parte del libre mercado.
Las promesas y anuncios sirven de muy poco, lo que cuenta son los actos y aquí es donde todos han fallado estrepitosamente.