Cambien esa ley ya

No sé qué es lo peor que le puede pasar a un partido político en la recta final para las elecciones del 28 de mayo. Pero sí sé qué es lo que sus dirigentes piensan que es demoledor: un titular negativo en los medios de comunicación, un rumor en las redes sociales, todo lo que sea crítico y que la sociedad se pueda creer. Eso provoca pánico, horror. No sólo por el daño en sí, sino porque no da tiempo de hacer nada. Y nosotros los periodistas, nos ponemos contentos porque podemos sacar un poco de ‘chicha' de una campaña anodina.
Sin embargo, todo político que se precie de tal, tiene la piel suficientemente endurecida como para soportar unos cuantos titulares sin hundirse. Sabe que algún susto colosal siempre le va a caer. Y tendrá que poner cara de circunstancias y seguir como si nada. ‘Mantenella y no enmendalla' es un valor en política. Ahí tienen a Marga Prohens soportando el coste de haberse visto con José María Rodríguez o a Francina Armengol aguantando su vinculación al ‘caso Puertos' en el que acaba de ser imputado el alcalde de Ibiza.
Sin embargo, estos días han salido varios asuntos que no son accidentes imprevisibles sino que se trata de decisiones deliberadas: en algunas consellerias y entes públicos se han hecho convocatorias destinadas a que algunos trabajadores –periodistas entre ellos–, cuyas plazas están vinculadas al partido que gobierna, no se vayan a la calle si se pierden las elecciones.
¿Por qué un gobierno que tiene que someterse al voto ciudadano en un mes puede estar dispuesto a soportar el desgaste de la mala imagen que da enchufar a un montón de colaboradores? ¿Es que se han vuelto locos? ¿Por qué están dispuestos a jugar con estos riesgos?
Nada de eso. En realidad lo que ocurre es que no hay desgaste. Es que todos lo entendemos. Es que es normal: si gobiernan, es su turno para enchufar a los suyos ahora que pueden. Y más si las encuestas no aseguran una victoria. Porque con victoria, todos somos ejemplares.
Aquí, para hablar claro, lo que está mal, lo que es socialmente censurable, no es el enchufe, es la ley que se ha quedado desfasada con eso de igualdad para todos. Nadie cree en ella.
Vean, por ejemplo, lo que hizo el Govern: fue a IB3 y les dijo a los trabajadores (periodistas incluidos) que todos pasaban a ser empleados públicos, sin más. Nadie en Baleares dijo una palabra. Ni la oposición. Ni los periodistas, que se supone que son garantes del cumplimiento de la Ley. Nadie. Una ilegalidad como una casa que todos entendemos y celebramos. ¿Está mal que entren al sector público de esta forma? No, lo que está fuera de lugar es esa ley que dice que hay que entrar al sector público con concursos abiertos, públicos y transparentes. Cosas de suecos. Aquí nunca nadie entró de esta forma.
Tengo una amiga que ocupa un puesto de interina desde hace una década. Cada vez que sale a concurso una plaza en su área llama para saber si «vale la pena que me presente», circunloquio que significa «¿está ya dada esta plaza?» Lo sabe todo su departamento, toda la conselleria, porque un día también a otros les dirán que no se presente cuando la plaza esté prevista para ella.
¿Por qué cree usted que en Japón nadie roba? No porque lo diga la ley. Aquí también lo dice pero yo no dejaría mi bici en la puerta de casa sin cinco candados. La verdadera condena a esta corrupción siempre viene del rechazo social, nunca de la ley. Si uno es ladrón, los demás japoneses parece que te escupen. Aquí lo entendemos. Y si es muy ladrón, lo admiramos.
Me contaba un amigo que Paco Triay (hoy Xesc, supongo) dio una vez un mitin en Felanitx al que fueron cuatro militantes del partido. Y les dijo que con él no habría corrupción, que no habría enchufes, que no habría licencias de obra en suelo rústico, etcétera. Visiblemente, el personal iba decepcionándose. ¿Por qué va un individuo a que lo vean en un mitin de Felanitx cuando lo que diga Triay no le importa a nadie? Pues para colocar al nene, para legalizar la caseta, para ver si puede sacar algo para él. Aquel mensaje era un desincentivo. Y, desde luego, fue erradicado del discurso para el resto de la campaña. No se trata de suicidarse. ¿Y la ley?… bueno, para los periodistas. Y esta vez ni siquiera para ellos.
Por eso, el bolsín de IB3 que premia a los empleados públicos con una puntuación un cincuenta por ciento superior a los empleados del sector privado, son urgencias con los amigos. Y todos podemos entenderlo. Ahora, incluso, hasta los periodistas callamos porque ningún colega ha de quedar tirado.
¿Y la ley? Habría que cambiarla. Es urgente.