El día 1 de mayo, Día del Trabajador, suelen producirse manifestaciones y concentraciones auspiciadas por los representantes del colectivo de trabajadores. En las mismas sistemáticamente se hacen declaraciones por parte de los dirigentes sindicales y políticos, reclamando soluciones a las cuestiones más urgentes que les afectan en esos momentos. Y eso fue lo que ocurrió el pasado lunes, tanto en la manifestación convocada en Eivissa, como en la paella popular que cada año organiza ese día el PSOE de Formentera.
Tanto los sindicalistas como los políticos, coincidieron en algo que ya hace bastante tiempo que se veía venir y que las circunstancias actuales han agravado; en ambos casos se reclamó la necesidad de ponerle freno al crecimiento turístico. Las buenas perspectivas en cuanto a reservas turísticas se refiere y los graves problemas para encontrar una vivienda a precio asequible en ambas islas, han puesto sobre la mesa una realidad que no se puede seguir aparcando.
La necesidad de tomar medidas en cuanto al número de visitantes que pueden acoger nuestras islas cada temporada veraniega, viene provocado por dos cuestiones que resultan fundamentales; por un lado resulta evidente que se debe hacer todo lo que sea necesario para preservar a toda costa nuestra gallina de los huevos de oro, el turismo; por el otro, la irrupción del sector de la vivienda residencial en el negocio turístico, pone en serio peligro nuestra capacidad para atender debidamente a la cada vez más descontrolada cantidad de visitantes que recibimos.
El pasado verano ya fue un claro ejemplo de lo que provoca la masificación sin control; atascos permanentes de nuestras carreteras por la enorme cantidad de vehículos privados, incluyendo los de alquiler, que circularon por las mismas; o la enorme concentración de gente en buena parte de lugares de nuestras islas. Todo ello dificultó no solo la movilidad por nuestro territorio, sino que también puso en peligro la correcta atención y prestación de servicios, que nuestros visitantes esperan cuando deciden pasar sus vacaciones en las Pitiusas.
Hace algunos años y ya pensando que había que establecer reglas de control en este sentido, se estableció un tope en el número de camas que se podían ofertar por parte del sector hotelero y cabe señalar que esa es una iniciativa correcta, ahora bien, se deberá reconocer que hecha la ley, hecha la trampa y con ello empezó el auge del denominado sector de la vivienda vacacional.
De repente y a pesar de los intentos, insuficientes desde mi punto de vista, de control o regularización de este nuevo sector, quedó claro que hizo saltar por los aires todos los estudios realizados hasta ese momento, con la intención de acotar un número máximo de turistas que podíamos recibir cada año. Con la incursión en el negocio turístico de ese sector de la vivienda vacacional se dejaron sin efecto las previsiones aprobadas para el sector hotelero.
La sistemática de reserva las vacaciones a cambiado muchísimo en la actualidad, ya no son solo los grandes tour operadores turísticos o las agencias de viajes, quienes desempeñan esa función; internet a puesto en nuestras manos otras herramientas que nos permiten realizar esas reservas y por supuesto ha resultado un trampolín imprescindible para el sector de la vivienda turística. La parte ilegal de ese nuevo negocio vacacional, es casi tan importante como la parte legalizada, lo que dificulta enormemente cualquier tipo de previsión que se pretenda hacer al respecto.
Desde mi punto de vista, se partió hace años de un error de concepto a la hora de entender lo que iba a suponer la aparición de ese nuevo sector. Solo se tuvo en cuenta lo que iba a suponer para la Hacienda Pública, en concepto de nuevos ingresos. Para ello se puso especial énfasis en que se debían acelerar los trámites administrativos para atender todas las solicitudes de alta en ese nuevo negocio vacacional y, en poco o nada se pensó en las posteriores consecuencias que ello podía acarrear.
Resultado de esta mala previsión en su momento es, que a día de hoy la gran mayoría de viviendas disponibles en nuestras islas se destinan al sector turístico, de forma legal una parte, pero al margen de esa legalidad muchas otras. Ello es sin duda el principal motivo por el que resulta prácticamente imposible encontrar una vivienda digna y a un precio asequible en ninguna de nuestras dos islas.
Hay que ser realistas y darse cuenta de que al igual que ya se ha reconocido la necesidad de regular el número de vehículos que pueden circular por nuestras carreteras, de la misma forma habrá que actuar en cuanto al número de turistas que podemos atender de forma correcta y sin poner en peligro nuestra principal industria. Para ello habrá que ponerse manos a la obra y de entrada atacar y tumbar toda la oferta turística ilegal, que por desgracia campa a sus anchas por nuestras islas.
No se puede esperar
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