No todos los alumnos pueden optar a todo y debemos aceptar que cada alumno tiene unas características especiales, y según éstas pueden optar a unas cosas u otras», así habló la delegada insular de Educación sobre los jóvenes con discapacidad. Sí, los mismos que luego se llenan la boca hablando de inclusión y de igualdad de oportunidades pero que a la hora de la verdad se tienen que retraer de sus propias palabras. Durante estas semanas hemos vivido el caso de Pablo, un joven de 18 años que lo único que pedía al gobierno de Armengol era poder estudiar un grado de Formación Profesional. Nada raro hasta ahora. El problema llega cuando se sabe que Pablo tiene una diversidad funcional. Durante semanas nos hemos hecho eco de las trabas que el gobierno «más progresista» y abanderado de las leyes de inclusión ha puesto a Pablo en su ilusión de acceder al grado de FP de Jardinería. Reuniones con representantes insulares de Educación, más de 3000 recogidas de firmas, páginas enteras de los principales medios de comunicación de Ibiza, y hasta los de ámbito autonómico, y una lucha de tres años ha sido lo que se ha necesitado para que el gobierno de Armengol cediese y diese una solución a Pablo, algo de lo que me siento muy feliz. Sin embargo, no me siento tan feliz por el trasfondo que hay detrás de la historia de este joven.
Caso Pablo, claro ejemplo de la falta de recursos en Ibiza
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