El valor de lo público

Palabras mayores que se extravían en las urgencias políticas y económicas de la vida pública, aunque son de directa afectación a la vida diaria de la gente. Nada menos que al cuidado de la salud, especialmente la de los más vulnerables. En clave ideológica, es propio que esto venga apadrinado por una fuerza socialdemócrata históricamente comprometida con el valor de lo público.

Ya en la presentación del anteproyecto, fletado en el Consejo de ministros del martes pasado, la titular del ramo, Carolina Darias, explicó que la nueva norma, cuando llegue al BOE, reforzará el Sistema Nacional de Salud como un pilar básico del llamado Estado del bienestar.

Me ahorro la maliciosa alusión de la ministra a la «ampliación de derechos a la ciudadanía y la recuperación de otros que habían sido suprimidos» porque sugiere que Gobiernos anteriores, de distinto signo político, no han demostrado el mismo compromiso con los sistemas públicos de salud. Y me parece que la alusión es injusta.

Las dos fuerzas centrales del sistema tienen perfectamente asumido que el mantenimiento y la mejora del sistema público de salud es una política de Estado, sin que eso suponga declarar la guerra a la sanidad privada. Qué disparate. De hecho, la sanidad privada está siendo un complemento necesario que, por la vía de los conciertos, cubre las deficiencias del servicio público cuando estas se presentan, incluidas las referidas a la gestión de centros.

Lo ideal raya en lo utópico, pero se entiende en defensa de una aspiración ampliamente compartida: dotar a la sanidad pública de un grado de excelencia que haga innecesaria incluso la propia existencia de la sanidad privada.

En consecuencia, si el llamado «proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud» avanza en la ampliación del derecho básico y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, bienvenido sea.
Tiempo habrá a partir de ahora, cuando el proyecto empiece a tramitarse en el Congreso de los Diputados, para encajar las pretensiones de la nueva normativa, tanto en un ejercicio competencial descentralizado a favor de las Comunidades Autónomas como en los aspectos jurídicos que van a plantearse, por ejemplo, en relación con las limitaciones a los conciertos con la sanidad privada.