En el camino correcto

La piratería está presente en diversos sectores, si bien en los últimos tiempos ha venido extendiéndose de forma alarmante en dos muy concretos y preocupantes. Posiblemente uno de los más conocidos sea el de los taxis piratas, en el que todavía queda mucho trabajo por hacer, y el otro es el de las fiestas ilegales de todo tipo, que ha cobrado mucha relevancia debido al cierre por la pandemia de los negocios de ocio legales de la isla.

La imposibilidad de que durante los dos últimos años las empresas de ocio hayan podido abrir sus locales, debido al altísimo riesgo de contagio que ello suponía, ha transformado la totalidad del territorio insular en terreno abonado para que aquellos que se mueven en la más absoluta ilegalidad hayan decidido que ese era precisamente el escenario idóneo para obtener ingresos cuantiosos de forma totalmente irregular y al margen de toda normativa vigente.

Los promotores de tal actividad ilícita han utilizado todo tipo de subterfugios para llevarla a cabo, y sin duda una herramienta que les ha resultado imprescindible ha sido internet. Se alquilan casas mediante diversas paginas webs, se publicitan fiestas a través de las redes sociales y, por esta misma vía, se comercializan. Se aprovechan también de los vacíos legales para justificar su actividad ilegal, y el conjunto de garantías procesales existentes son su salvavidas para tratar de burlar a las fuerzas de seguridad cuando son descubiertos.

Todo ello conlleva que perseguir y luchar contra esta piratería resulte realmente complicado. Tampoco se han sentido muy acosados hasta la fecha gracias a la excesiva lentitud de las administraciones a la hora de tramitar los posibles expedientes sancionadores ya que, para cuando se resuelve uno, les ha dado tiempo de organizar cinco fiestas más, por lo que económicamente siempre les sale rentable.

Un elemento que también ha venido jugando a favor de los promotores de las fiestas ilegales ha sido la falta de unión de las administraciones a la hora de hacerles frente. Por ello precisamente es sin duda una buena noticia que desde el Govern, el Consell Insular y los cinco ayuntamientos se empiecen a consensuar diversas acciones que vayan permitiendo perseguir con una mayor contundencia esa actividad ilícita que tan pingües beneficios reporta a unos pocos y que tanto daño hace a nuestra economía.

Ciertamente no se trata más que de un primer paso en la buena dirección a la hora de hacer frente con mayor eficacia a ese tipo de competencia desleal, pero si tenemos en cuenta que hasta la fecha la unidad de actuación a la hora de poder actuar había brillado por su ausencia, es fácil deducir que se trata de un avance importante y que ello permite deducir que se está en el camino correcto.

La satisfacción en sector del ocio es evidente, básicamente por lo que puede suponer de eficacia ese principio de acuerdo entre Govern, Consell y ayuntamientos, a pesar de que desde la administración insular se eche en falta mayor contundencia normativa.

Cabe resaltar que, entre las diversas valoraciones que hemos podido leer estos últimos días sobre este cambio normativo, debo reconocer que una de las que con más claridad ha analizado la situación, es la expresada por José Antonio Roselló, vicepresidente de CAEB, al afirmar que podría haber sido algo más ambiciosa la modificación normativa, si la misma hubiera    facilitado una mayor celeridad a la hora de una posible intervención de las fuerzas de seguridad en los lugares donde tienen lugar ese tipo de fiestas.

Hay que celebrar por tanto la voluntad de las diversas administraciones de hacer un frente común en la lucha contra las fiestas ilegales y esperar que, en base a esta voluntad, también sea una realidad el compromiso adquirido de hacer un seguimiento a lo largo de la temporada de los resultados de la normativa recién modificada, por si hubiera que retocarla en aras de una mayor efectividad.