Es bastante habitual que las administraciones públicas acostumbren a ordenar el territorio con un criterio electoralista para responder a las demandas de su parroquia en lugar de hacerlo con criterio técnico o con consenso. Ello provoca un urbanismo pendular que genera una inseguridad jurídica insostenible, la cual conduce a los particulares a interponer recursos administrativos y contenciosos al ver injustamente cercenados sus derechos respecto de sus propiedades, con la consiguiente inversión en abogados y un dispendio de tiempo desproporcionado.
Urbanismo a costa del contribuyente
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