Problema de interés general

Todo el mundo tiene muchas esperanzas puestas en que toda la actividad que conllevan los meses de verano, se pueda retomar con cierta normalidad este año y con ello volver a la capacidad de ingresos económicos que la época estival suele generar y que son la base fundamental del progreso y desarrollo de nuestra sociedad. Cabe recordar que los territorios más perjudicados por las consecuencias de la pandemia, han sido aquellos cuya actividad principal gira en torno al turismo y en el caso de las Pitiusas no es la principal, es la única fuente de ingresos real.

Teniendo en cuenta todo eso y ante la importancia que por lo tanto debemos dar a la temporada estival de 2022, todos sin excepción deberíamos hacer los máximos esfuerzos posibles para que esa recuperación pueda llegar por igual a cualquier tipo de actividad legal que pueda tener lugar en nuestras islas. Y quiero enfatizar lo de «todos» ya que recuperar el maltrecho pulso de nuestra economía requerirá de la participación de las administraciones publicas, de las empresas privadas, de los empleados de las mismas y de los autónomos, sea cual sea su ámbito de gestión o actividad.

A mediados de este mes se conoció una noticia que resulta preocupante ya que puede enturbiar el necesario buen funcionamiento de los próximos meses de verano. Esta noticia en concreto es la posibilidad de que el concurso de adjudicación de la concesión para el atraque de yates de gran eslora en el puerto de Ibiza este atascado y se corra el riesgo de que no vaya a estar definitivamente adjudicado y a pleno rendimiento para este próximo verano.

Resulta del todo inaceptable que un proceso iniciado en octubre de 2020 siga sin resolver más de un año y medio después, sobre todo teniendo en cuenta la importancia capital que la actividad de la que hablamos tiene para toda la isla, pero fundamentalmente para el municipio de Vila y sobre todo para el entorno del puerto, Sa Riba, La Bomba y La Marina. Lo que es seguro es que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) está demostrando con este tema escasa diligencia en la gestión de todo el proceso y si bien se ha intentado justificar la excesiva lentitud en el mismo con las precauciones que desde la APB se vienen tomando desde los últimos escándalos de supuesta corrupción, en ningún caso se puede considerar este un argumento valido.

Tampoco parece que este sea un tema que preocupe al Ayuntamiento, ya que no se conoce reacción de protesta alguna del Alcalde, que por cierto es miembro del Consejo de Administración de la APB, ante el Presidente de la entidad, ni ante la Presidenta del Govern, todos ellos pertenecientes al mismo Partido Socialista. En el supuesto de que se haya hecho algún tipo de gestión, no parece que haya tenido mucho éxito si nos encontramos ante la posibilidad de una nueva temporada en blanco.

Ante esta posible circunstancia adversa, ya han expresado su preocupación y sus protestas, tanto las empresas que optan a la concesión como la Asociación de Comerciantes del puerto y La Marina y creo que son estos últimos los que merecen toda la atención por parte del ejecutivo municipal; sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un barrio que año tras año ve como la afluencia a los comercios de la zona ya se venia reduciendo con anterioridad a la aparición de esta situación.

Resulta como mínimo curioso que a la hora de defender la actividad comercial en el puerto de Sant Antoni, saliera públicamente el Alcalde de Vila reclamando la plena recuperación de dicha actividad, posicionándose con ello junto al Alcalde de Portmany y sin embargo no se le conozca pronunciamiento público alguno exigiendo la rápida resolución del lento y exasperante proceso de adjudicación de esta concesión, que afecta de lleno a todo un barrio de su propio municipio. No siempre estar ciegamente al servicio de los que más mandan en Palma, resulta beneficioso para los ciudadanos ibicencos.