José M. de LamoIbiza04/02/22 7:55
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El Govern balear hizo hace unos meses su ley de vivienda para tratar de paliar la sangría que, en este sentido, se está viviendo en las Baleares y, especialmente, en Ibiza. Siguiendo el camino de la política balear, el Gobierno central decidió hacer su propia ley de vivienda sabiendo que jamás entrará en vigor porque, una vez que se apruebe en el Parlamento, automáticamente recibirá unos cuantos recursos de inconstitucionalidad y, para cuando se resuelvan, Pedro Sánchez ya estará en las listas del paro, ese paro elitista del que sólo pueden gozar aquellos que han pisado moqueta. Sin la ley de Sánchez, la ley de Francina Armengol y Josep Marí Ribas Agustinet se queda coja, o más que coja, porque la mayoría de las herramientas que necesita la legislación autonómica para su completa aplicación se encuentran en esta ley-cadáver aprobada por el Consejo de Ministros. De hecho, todo apunta a que la ley de Sánchez se concibiera para tratar de dar algo de contenido a la balear, y más como un objeto de propaganda de la izquierda más radical que como un verdadero instrumento para resolver problemas. ¿Y qué mejor para captar el voto más extremista que una ley intervencionista y prohibicionista?

Y mientras se habla y se habla del problema de la vivienda, y mientras desde el Govern se focaliza este problema básicamente en la isla de Ibiza, los que tendrían que resolver esos problemas de los que tanto hablan ponen en la calle a un montón de familias, las de los Apartamentos Don Pepe, que hasta que la administración que quiere resolver el problema de la vivienda no apareció en sus vidas no tenían realmente un problema de vivienda. Unas familias que lo único que quieren es arreglar sus casas y para las que determinados políticos no consideran que merezca la pena que se curren un cambio legislativo. Eso sí, para un campo de fútbol para el Ayuntamiento amigo ¡Qué no falte!