A pesar de ser año preelectoral, el gobierno parece dispuesto a ofrecernos una extensa gama de propuestas y afirmaciones delirantes. No tienen suficiente con una fiscalidad prácticamente confiscatoria, ni con una pandemia que ha devastado la economía con una caída del 10% del PIB per cápita (el doble que la media europea), sino que pretenden solucionarlo con una mayor presión fiscal y dedicándose a desprestigiar nuestra industria en el extranjero.
El gobierno ostenta una macrogranja de asesores, habiéndose convertido en el ejecutivo con mayor número de cargos de confianza de la historia, cuyo gasto asciende hasta los 63,81 millones de euros. También se han creado ministerios ficticios para dar cobijo a políticos sin oficio, como el caso de Alberto Garzón, ministro de consumo, quien no tiene otro entretenimiento que criticar nuestra industria cárnica en estos tiempos nada halagueños. Podría haberse dedicado a intentar frenar el precio de la luz que ha subido casi un 70% (la mayor subida de la historia), pero la palabrería se impone a la gestión.
Otra perla es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ahora prevé seguir hurgando en el maltrecho bolsillo de los españoles pretendiendo hacer tributar por IRPF a las víctimas que han recibido una indemnización por un accidente de tráfico. Por si fuera poco, su afán recaudatorio ya opera con el conocido «catastrazo» que supone un incremento de las bases de cotización de los inmuebles para la tributación por los impuestos de trasmisiones patrimoniales, sucesiones, donaciones y patrimonio de hasta un 80%.
Nos decían que «saldríamos mejores» y decían la verdad, ya que ellos han seguido recolocándose en cargos inventados a costa del contribuyente, mientras dilapidan la inversión y la economía doméstica.
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