Nuevamente la justicia se ve envuelta en la polémica declarando nulos varios puntos del citado decreto ley. Sinceramente parece difícil de entender que la mayoría de los jueces del máximo tribunal de nuestro país acaben analizando un recurso de inconstitucionalidad abstrayéndose de la grave situación de pandemia por la que todo nuestro territorio viene atravesando desde el primer trimestre del pasado 2020, exactamente de la misma forma que lo hizo la jueza de Palma declarando ilegal el confinamiento obligatorio de los estudiantes que supusieron el pistoletazo de salida a la actual ola de expansión vírica que puede acabar de nuevo con la temporada turística nada más empezar.
Por un lado parece evidente que la anulación parcial del estado de alarma ha sorprendido a buena parte de la sociedad española. Analizar únicamente el continente de las diversas medidas aprobadas para luchar contra la expansión del virus, sin atender en lo más mínimo al criterio de excepcionalidad de emergencia sanitaria en cuanto al contenido del decreto ley en cuestión, hace que podamos interpretar que subyace una cierta contradicción ya que si bien se estima improcedente aplicar la figura del estado de alarma para controlar la movilidad de la ciudadanía, se sugiere que debería haberse aplicado el estado de excepción, mucho más grave y con un tramite mucho mas largo en su tramitación.
No es en absoluto baladí el número de fallecimientos que se evitaron en ese momento al actuar de forma inmediata y no tener que esperar los dos meses aproximados que podría haber durado la tramitación parlamentaria de ese estado de excepción sugerido. Si actuando como se hizo se evitaron unas 450.000 defunciones, no cabe duda que la decisión fue la correcta se mire por donde se mire. Además, si la aplicación del estado de alarma es tan irregular como sugiere el Tribunal Constitucional, ¿casa la gravedad de la decisión del Gobierno con tardar un año y medio en aprobar la anulación del mismo?
Sinceramente y teniendo muy presente que uno no es profesional en cuestiones jurídicas, no puedo evitar manifestar otra sorpresa en el tramite seguido por el máximo tribunal. Algunos expertos y profesionales juristas han puesto en duda que se debiera admitir a tramite el recurso presentado por el partido de extrema derecha, teniendo en cuenta que se trata del mismo partido político que voto a favor de la primera prorroga del mismo decreto que posteriormente solicita que se declare inconstitucional. ¿Tiene algún sentido denunciar aquello que antes se ha votado a favor? Y, ¿es lógico que el Tribunal Constitucional admita tal incongruencia?
Resulta francamente ofensiva la imagen de los dirigentes del partido de extrema derecha felicitándose por la resolución del máximo tribunal que según manifiestan los citados dirigentes, tumba una decisión que vulneraba derechos de todos los españoles. Y eso lo afirma el mismo partido que ha día de hoy sigue justificando y defendiendo los 40 años de dictadura, donde según ellos nadie pisoteaba los derechos de todos. No deja ser espeluznante que un partido fascista, racista y homófobo pretenda erigirse en defensor de unos derechos que ellos mismos están deseando volver a pisotear. Pero todavía resulta mucho más preocupante la deriva que esta tomando el máximo tribunal, convirtiéndose en adalid de semejantes pretensiones ofensivas.
Así resulta fácil entender los motivos del PP para seguir manteniendo la inconstitucional postura de oposición a la renovación de los órganos judiciales. La derecha y la extrema derecha españolas van de la mano y no dudan en ningún caso en utilizar una desgracia global para tratar de obtener cualquier tipo de rédito político, por mucho que la grave situación social persista.
Ni la nostalgia de un negro pasado, ni el mantenimiento de un eslogan que un ministro del PP se atrevió a acuñar afirmando aquello de “que España se hunda que ya la levantaremos nosotros”, ayudaran en lo más mínimo, cuando lo que realmente se necesitaría sería la unidad de todas las fuerzas políticas para salir de la grave situación de pandemia.
1 comentario
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Sr. Joan Boned Roig, ya no tienen Uds. ninguna autoridad moral para predicar nada. Han perdido el norte y están cargándose todas las instituciones que no se pliegan a sus deseos. No existen ni Rey ni Ejército ni Guardia Civil ni Policía Nacional para Cataluña ni para Euskadi y Uds. miran hacia otro lado, no existen ni Tribunal de Cuentas, ni Tribunal Supremo ni Constitucional cuando sentencian en su contra o en contra de sus socios independentistas, no existe Prensa libre y hay que amordazar a los que los critican argumentando que son 'fake news' ( exactamente como hacía Trump ). Durante esta pandemia han mentido una y otra vez y la han gestionado a salto de mata con gran descalabro sanitario y económico. Uds. son los amigos de Venezuela y Cuba y tenemos que ver como EE.UU. habla antes con Marruecos que con nosotros en la peor crisis migratoria en Ceuta. Realmente no entiendo como se atreven a abrir la boca siquiera.