Paco S. Pérez.20/02/20 4:01
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La Justicia, su Administración (el ente) y su administración (la acción de impartirla), es un pilar fundamental para la buena marcha de un Estado de Derecho. Así debería serlo, pero la realidad es que el maltrato es constante. Se maltrata a la Justicia cuando no se la dota de los medios suficientes. En el caso de Ibiza, tras el atentado contra el Estado de Derecho que supuso el incendio intencionado de los Juzgados de Isidor Macabich, la falta de diligencia por parte del Gobierno fue exasperante, llegando incluso a la inacción. En el horizonte estaba la apertura de una nueva sede judicial que se aventuraba próxima, pero que finalmente mantuvo en vilo a la Justicia en las Pitiusas durante 11 insufribles meses. El maltrato a la Justicia también se refleja cuando desde Madrid se distribuye un edificio judicial de Ibiza reservando una planta entera a la Audiencia Provincial, un órgano que apenas se desplaza a la isla media docena de veces al año. Afortunadamente, esta semana se ha habilitado el juzgado de guardia en ese remanso de paz que era la desaprovechada planta primera de sa Graduada. Desgraciadamente, la reubicación del Instituto de Medicina Legal y Forense continúa pendiente.

Pero el maltrato de los gobernantes a la Justicia tiene una cara más sonrojante. Así, los recortes de medios materiales y económicos conviven a diario con las cargas de profundidad que lanzan los responsables políticos contra los tribunales en función de si las resoluciones son o no del agrado del partido de turno. Lamentablemente, las injerencias y presiones sobre el poder judicial son constantes y en el caso de la Fiscalía son llevadas al extremo. Lo último, intentar cargar sobre sus espaldas y las de la Policía la responsabilidad del escándalo de los menores tutelados prostituidos.