La experiencia debería servir para algo

Señalar, en primer lugar, que hay mucho negocio encubierto, con precios de alquiler totalmente desfasados. Son muchos los pisos y apartamentos que se vienen explotando sistemáticamente como turísticos cada temporada de verano, sin que estén legalmente registrados como tales.

Evidentemente, para combatir este fraude, en primer lugar hay que descubrir estos pisos y, una vez localizados, actuar contra sus propietarios con rapidez y contundencia. Ambas cosas parece que sean de difícil cumplimiento por parte de las administraciones públicas con capacidad para actuar si nos tenemos que basar en lo que se ha venido haciendo hasta ahora y en lo que, según parece, se seguirá haciendo de aquí en adelante.

Para poder combatir estos negocios ilegales hacen falta bastantes más inspectores de los que actualmente dispone el Consell Insular. Parece claro que, ante las dificultades que tiene la institución insular para incrementar este número, se hace más que necesario, imprescindible, establecer algún tipo de convenio con el Govern balear que permita que este pueda aportar los inspectores necesarios para realizar diversas campañas durante los meses de la temporada estival. Y no se trata de hacer un barrido a primeros de la misma y otro al final, ya que eso no tendría ninguna efectividad.

Tampoco se puede tardar dos o tres años para actuar con contundencia contra esas ilegalidades. No es de recibo que se localicen pisos turísticos ilegales en 2017 y sea más de dos años después cuando se instruyan los correspondientes expedientes sancionadores. Estas viviendas han seguido siendo explotadas irregularmente durante todo este tiempo y con ello seguro que habrán conseguido un rendimiento económico muy superior al importe de las sanciones que se le acaben imponiendo, si es que eso ocurre.

Esta tremenda lentitud hace que por más normativa que se apruebe, la misma sea totalmente ineficaz.

Tampoco parece que vaya a ayudar mucho que por parte del ejecutivo insular se dé la sensación de incapacidad a la hora de hacer cumplir esa normativa en vigor, anunciando que la solución va a ser llegar a un convenio con las plataformas que anuncian y gestionan este tipo de viviendas, para que se comprometan a no dar cobertura a las que no dispongan de todos los permisos requeridos.

Si están reglados los requisitos que se deben cumplir para poder explotar una vivienda como turística, parece claro que, si estos no se cumplen, no se pueden anunciar en ninguno de los portales por todos conocidos; por lo que parece claro también que lo que hay que hacer es actuar contundentemente tanto contra los propietarios como contra las plataformas que les prestan servicios. No toca negociar convenios; toca hacer cumplir la ley y exigir su acatamiento por todas las partes implicadas.

Todo lo que no sea disponer de un cuerpo normativo claro y de la capacidad administrativa y ejecutiva necesarias para hacer que se cumpla lo que está reglado con rapidez y eficiencia será seguir abonando el terreno para que aquellos que se llenan los bolsillos de forma irregular puedan seguir haciéndolo.