Es muy difícil que quienes estén al corriente de la actualidad diariamente puedan formarse una opinión cabal en la maraña monumental en que se ha transformado el conocido como ‘caso Cursach'. Aquellos que solamente ojean por encima los periódicos lo tienen absolutamente imposible, hay que admitirlo. El juez del caso, Miquel Florit, pudo haber cometido algún delito cuando ordenó requisar los teléfonos móviles de dos periodistas y es fácil que acabe siendo juzgado, lo que acarrearía que fuera apartado del caso. Estoy seguro que él en el fondo lo agradecerá. Ahora mismo, ¿en qué bando habría que situarle, con los buenos o con los malos? Difícil saberlo. Y a su antecesor al frente de la instrucción de este enrevesado caso, el magistrado Manuel Penalva, ¿a qué bando lo adscribimos? Para algunos se trata de un auténtico héroe que fue injustamente apartado de la investigación tras una maniobra malévola del empresario investigado, al que se acusa de todos los delitos habidos y por haber. Pero ahora sabemos que la Fiscalía Anticorrupción considera que Penalva pudo perpetrar al menos tres delitos, al igual que el fiscal Miguel Ángel Subirán, por lo que podrían acabar en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Vamos, como Miquel Florit.

Hasta ahora solo hemos puesto el foco en las piezas principales que tenemos sobre el tablero, porque como comencemos a hablar de los incontables peones (agentes de policía del Grupo de Blanqueo) que también están bajo la lupa para saber si su actuación se ajustó siempre a la legalidad o si en algún momento se apartaron de ella, entonces el lío es tremendo y aquí no hay quien se aclare. Pese a ello, hay quien está determinado a seguir colocando etiquetas de buenos y malos, de justos y pecadores, con la burda intención de convencer a los incautos. Siempre hay quien compra teorías de la conspiración y el caso que nos ocupa aglutina todos los ingredientes para la novela negra más sórdida que quepa imaginar.

Mientras tanto, José María Rodríguez acaba de ser condenado a tres años y medio de cárcel por la Audiencia Provincial. Los magistrados consideran probado que cometió prevaricación en concurso con malversación y falsedad en el ‘caso Over'. Vamos, que ordenó a varios departamentos del Govern contratar a la empresa Over Marketing como contraprestación a los trabajos que aquella hacía para el PP sin cobrar o muy baratitos. De las visitas a los burdeles que apuntaban Penalva y Subirán, nada se sabe.