La ordenación del territorio o un debate contaminado

Es un hecho que nos ha tocado vivir y decidir asuntos de transcendencia territorial, la mayoría de ellos irreversibles. Hemos sido una generación clave para el destino del territorio. Una generación a la que le ha «caído encima» la responsabilidad, o irresponsabilidad, de gestionar intervenciones en un entorno muy sensible y extremadamente limitado. Esta circunstancia que podría considerarse como afortunada para unos, es desastrosa para otros.

Sería deseable no pasar a la historia como los depredadores del suelo que dejaron en verdadera herencia una Eivissa con sus principales recursos naturales agotados. Sobretodo hablo del suelo y del agua.

Esta premisa que es fácil escribir, resulta más complicada cumplir. Especialmente cuando la perspectiva de algunos influyentes lobbys y de sus tendenciosos altavoces es la de vivir permanentemente en el presente para edificar, edificar, edificar... ¿hasta cuándo?
No descubriré ningún secreto al decir que en el territorio ibicenco sobrevuelan potentes intereses, la mayoría de ellos económicos, algunos de ellos culturales o patrimoniales y pocos, muy pocos, ambientales o de preservación.

Así que empecemos por el primero de los intereses. El más potente es el económico, en el sentido más inmobiliario posible. Este se defiende él solo y no le hace falta ninguna ayuda. No seré yo quien salga a argumentar su bondad. No la tiene. Es especulación, especulación y especulación. Lo podemos vestir de muchas maneras, pero el abuso irreversible que se ha hecho del suelo rústico es escandaloso y desgraciadamente la factura la van a pagar de forma irreversible los herederos de la isla. Me explico:

El suelo rústico se ha convertido en el sexto ámbito municipal de la isla. Un municipio virtual administrativamente pero real físicamente. Un territorio descabezado de casi cualquier gestión pública. Dónde miles de viviendas (legales e ilegales) acogen a unos 30.000 habitantes o turistas que «disfrutan» de forma intensiva de recursos naturales sin control, de falta de servicios y equipamientos públicos, y dónde la insostenible movilidad de vehículos privados tensiona las infraestructuras.

Todo esto sin hablar demasiado alto de los riesgos naturales existentes que menospreciamos hasta que lamentamos su entrada en acción para recuperar lo que por naturaleza les pertenece. Hablo de incendios o inundaciones. Desgraciadamente alguno de ellos lo acabaremos viviendo o viendo. ¿Por qué ?

Entre otras «lindeces», por tener excesiva población en sitios donde nunca se debería haber decidido dejar vivir. Evidentemente me refiero a población que no tiene ningún tipo de relación directa con el entorno agrícola.

Tenemos un verdadero problema. El suelo rústico de Eivissa ya es un incipiente municipio. Como decía antes, descabezado. A la deriva, por falta de planificación, orden y una mínima gestión pública. Un espacio extenso y diseminado que ocupa privilegiadas y sensibles zonas que deberíamos haber dejado sin «hipotecas» para que las próximas generaciones pudieran decidir alguna cosa sobre el territorio de la isla. Esas generaciones ya no disfrutaran de esa gracia por nuestra precipitada decisión, o quizás indecisión.

El segundo de los intereses que concurren es el de los culturales o patrimoniales. Delante del anterior, estos suelen tener la lógica necesidad de atrincherarse a la defensiva ante cualquier iniciativa en suelo rústico. Sea buena o mala. Hay mucha desconfianza. En demasiadas ocasiones no se ha sido capaz de distinguir la bondad de una obra o la oportunidad que genera una inversión en infraestructuras para el patrimonio insular. En definitiva, y por desgracia, la ley del péndulo.

El tercero de los intereses. El ambiental, el de la preservación o el del equilibrio y la sostenibilidad. Es en el que tendríamos que centrarnos por responsabilidad. Se nos acaba el tiempo porque se nos acaba el suelo.

No es broma. La singularidad o la anomalía de la presión urbanística que hay en el suelo rústico y la debilidad de las administraciones públicas en intervenir y gestionar puede hacer que, en momentos de crisis económica o de envejecimiento demográfico, el coste económico de sostenibilidad de la isla de Eivissa sea sencillamente insostenible.

Así, y en relación con la columna de Tribuna y Opinión del pasado día 1 de abril, y sin entrar demasiado en detalles, hay que hacer algunas aclaraciones por el poco rigor del que precisamente sí se presume tener. Primero, la Modificación puntual del Plan Territorial es un acuerdo político previo al pacto de gobierno que representa la mayoría absoluta de la ciudadanía representada en el Consell Insular. Segundo, la Ley de Urbanismo vigente no es la primera que se da a luz en las Balears, es la segunda. Tercero, los parámetros de las fincas con derechos edificables no se explican de forma adecuada. Cuarto, la actividad agraria y la urbanística tienen finalidades substancialmente diferentes. Y quinto, la información pública de la Modificación puntual del Plan Territorial de Eivissa no ha tenido 2.435 alegaciones, si no algo más de 240, muchas de ellas del mismo formato técnico, y se han aceptado algunas propuestas. En este sentido, y por ejemplo, la superficie de las instalaciones para usos agrícolas no restará de la superficie de usos residenciales o de vivienda.

Mención a parte el tema de los interesados, afectados o como se quiera decir. Interesados somos todos, el conjunto de la ciudadanía de la isla. Efectivamente, el territorio es mayoritariamente de propiedad privada, pero su uso o abuso es responsabilidad de todos. No porque lo diga yo, si no por que así se establece en el marco legal que nos ampara, tanto en el actual como en todos los anteriores desde que vivimos en democracia. ¿El futuro del territorio, del agua y del aire es de interés de todos o no?

En definitiva, si de verdad hubiéramos situado a la payesía de Eivissa y a las actividades agrarias en el centro de los intereses del suelo rústico, no habrían surgido los conflictos de especulación, indisciplina urbanística, actividades turísticas ilegales, falta de protección del patrimonio y los problemas de sostenibilidad ambiental y económica. Porque, como es obvio, la payesía de la isla sabe mejor que nadie cómo gestionar el campo.

El problema quizás es confundir a la payesía con un entorno especulativo y ajeno a sus intereses, y que más pronto que tarde será hostil con su materia prima, el suelo. Pretender que ellos participen en ese juego suele acabar mal. Al tiempo.