J. Miquel PerpinyàIbiza17/03/18 3:09
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No hay empresa que resista un acoso semejante. No hablo de las actuaciones judiciales impulsadas por un juez instructor que perdió la apariencia de imparcialidad subjetiva, que es lo que sucedió con Manuel Penalva según dijo la Audiencia Provincial al estimar su recusación y apartarlo de la causa conocida como ‘caso Cursach'. No hablo de ordenar el ingreso en prisión preventiva para Tolo Cursach y trasladarlo irregularmente a la prisión de Alicante II, vulnerando sus derechos fundamentales, según la misma Audiencia Provincial. No hablo de todo eso, aunque se podría hablar y mucho. Me estoy refiriendo a las actuaciones arbitrarias e ilógicas de los respectivos equipos de gobierno de los ayuntamientos de Palma y Calvià para paralizar las empresas del Grupo Cursach, en el que trabajan 500 empleados, hasta el punto de clausurar casi todos los centros de trabajo y lograr así la asfixia económica de la empresa.

Ahora se comprende mejor el éxito de las manifestaciones convocadas por el abogado Vicente Campaner en los juzgados de Palma. Los trabajadores del Grupo Cursach sabían lo que se les venía encima, porque una cosa es encarcelar al dueño de la empresa, pero otra muy distinta es dejarles a ellos sin su puesto de trabajo. Hasta ahí llega la broma. Tres manifestaciones de currantes, temerosos de perder su trabajo, es lo que fueron las protestas, aunque se dibujaron como brutales e intolerables ataques a la independencia judicial, que ahora ya se sabe que no había. Lo único que ha de reprocharse a los manifestantes es que se equivocaron de lugar. No era en los juzgados donde había que protestar, sino delante de los consistorios de Palma y Calvià, que son los que han decidido mandarles al paro irremediablemente.

La ofensiva administrativa contra el Grupo Cursach y sus empresas persigue acabar con Tolo Cursach, que lleva un año en la cárcel, detalle que quizás se pasa por alto pero que resulta determinante. No es razonable que porque Rodrigo Rato, por citar a alguien conocido, haya podido cometer algunos delitos, se pretenda cerrar cada oficina de Bankia. Pues eso es lo que se está haciendo con el Grupo Cursach, que debió cambiar de nombre hace tiempo como actuación preventiva para que se acabe con el brutal hostigamiento. De seguir por ese camino, es posible que se acabe procesando a todos los que alguna vez se hayan bebido una cerveza en el Megapark o jugado a pádel en el Megasport. Yo me acuso.