La investigación del Caso Carbonero llega a su recta final

Los esfuerzos de los partidos de izquierdas han resultado inútiles. La comisión de las carreteras de Ibiza solo ha servido para saciar la sed de venganza de algunos portavoces y para hacer daño gratuito a determinadas personas.

Han intentado convertir esta comisión en una especie de Tribunal Popular y hacer un juicio político de algo que ya ha sido auditado y sentenciado por distintas instancias judiciales, sin que se haya podido demostrar ninguna irregularidad. Al final, cuatro meses más tarde, todo ha quedado en insinuaciones sin fundamento alguno y en acusaciones sin ningún tipo de solvencia jurídica, y todo ello con el único objetivo de satisfacer el afán revanchista de la izquierda.

Sin embargo, lo que no se esperaban es que la Comisión de investigación se les volviera en contra, como así ha sido. Después de infinidad de comparecencias y de horas de interrogatorios, lo que tenía que ser un juicio sumarísimo contra el PP, se ha convertido en el Caso Carbonero. De hecho, fue el propio viceinterventor de la CAIB, Josep Amengual, quien aseguró que la mayor de las irregularidades habían sido las dos resoluciones firmadas por el exconseller socialista Jaume Carbonero. Dos resoluciones declaradas lesivas para el interés general y que, de no haber sido anuladas, hubieran supuesto un sobrecoste de más de 100 millones de euros para las arcas públicas, algo que no lo digo yo, sino dos sentencias judiciales.

El relato es el siguiente. Las carreteras de Ibiza funcionan en régimen de concesión y el Govern paga a las concesionarias una cuota anual por cada uno de los años de vigencia de la misma. Esta cuota se calcula en función del número de vehículos que circulan por las carreteras hasta un tope máximo, que viene marcado por las cláusulas 55.4 y 55.5 del contrato y por los importes que marca el Plan económico-financiero de las concesiones.

El conseller Jaume Carbonero, incomprensiblemente, entendía que los importes, que hasta ese momento se consideraban máximos, se tenían que reinterpretar como estimativos, una interpretación que chocaba con el interés general y que solo tenía un objetivo: beneficiar a las concesionarias. Es muy sospechoso que, en los últimos suspiros de la legislatura, Carbonero quisiera favorecer de forma tan grosera a las concesionarias y lo hiciera en contra de los intereses de los ciudadanos que, como conseller, había prometido defender.

En su contra, había un informe de la Consellería de Obras Públicas que interpretaba que los importes a pagar a las concesionarias tenían que ser máximos, también opinaba así la Abogacía de la comunidad mediante otro informe. Incluso la auditoría encargada por el propio Carbonero y que costó casi un millón de euros, le decía sin ambages que los importes tenían que ser máximos. Y aunque un primer informe de Intervención de la CAIB ponía cierta ambigüedad a esta cuestión, esto quedó meridianamente claro en un segundo informe aclaratorio que determinó, finalmente, que los importes eran máximos.

Ante tal avalancha de informes negativos, Carbonero, inexplicablemente, siguió empecinado en regalar dinero público a las concesionarias, y para ello pidió un quinto informe a Ernst & Young, pagado con dinero público, para que éste, finalmente, le diera la razón y justificara que los importes no eran máximos sino estimativos.

De esta manera, con el único informe externo de Ernst & Young justificando su desvarío y tres informes internos y la auditoría en contra, Carbonero firmó dos resoluciones, una de ellas cuando estaba en funciones, por las que reinterpretaba la cláusula 55.5. De esta manera, los importes a pagar a las concesionarias, marcados en el Plan económico-financiero, dejaron de ser máximos y pasaron a ser estimativos.

Esta simple decisión multiplicó de forma insostenible los importes que el Govern debía pagar a las concesionarias cada año, lo que obligó al siguiente ejecutivo, el Govern Bauzá, a abrir un expediente de lesividad contra las dos resoluciones de Carbonero. Finalmente, los tribunales, en dos sentencias, han determinado que las resoluciones de Carbonero fueron, en efecto, lesivas para las arcas públicas en unos 100 millones de euros. De hecho, si el Govern del PP no lo hubiera impedido, las concesionarias, por obra y gracia de Carbonero, se hubieran embolsado 100 millones de euros más de lo que estaba previsto.

Ante estos hechos, nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Qué perseguía Carbonero beneficiando de forma tan descarada a las concesionarias? Si ya había concluido la legislatura, ¿por qué este empecinamiento en reinterpretar la cláusula 55.5 y perjudicar de forma tan ostensible los intereses de la comunidad? ¿Recibió el señor Carbonero algo a cambio? ¿Sirvió esto para financiar al PSIB?

La actuación de Carbonero no tiene justificación posible. Sus explicaciones en la Comisión de investigación no se sostienen por ningún lado. Y como, muy probablemente, todo esto acabará en los tribunales, ya serán estos los que determinen si la actuación de Carbonero es constitutiva de delito o no. Nosotros solo podemos decir que, ciertamente, huele muy mal.