Joan Miquel Perpinyà04/08/16 0:00
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Conviene comenzar recordando algo que es básico en un Estado de Derecho pero que a menudo se olvida: todo el mundo goza del derecho constitucional a la presunción de inocencia hasta que un tribunal, tras un proceso con todas las garantías, le declare culpable. Una detención policial no determina nunca la culpabilidad o inocencia de una persona. Esto debe quedar claro. Es natural que los ciudadanos que han sido víctimas de robos en sus casas, fundamentalmente en zonas rurales del interior de Ibiza, estén indignados porque los supuestos integrantes de la banda que ha sido desarticulada en la operación ‘Port Torrent', hayan sido puestos en libertad tras declarar ante el juez de guardia. Los sentimientos humanos son comprensibles, pero la Ley no puede funcionar nunca a golpe de sentimientos. Las víctimas dicen sentirse “impotentes” y “desamparadas”, pero no cabe duda de que los poderes públicos han actuado con eficacia al llevar a cabo una investigación que ha permitido poner a disposición judicial a varias personas, incluyendo a un miembro de la Guardia Civil que presuntamente formaría parte de la banda criminal, y recuperar efectos robados tras los oportunos registros domiciliarios.

Tampoco está de más recordar otra cosa: nadie debe ir a prisión antes de ser juzgado y condenado en un proceso justo y con todas las garantías, cosa que en este caso, como es natural, aún no ha sucedido. La prisión preventiva que con tanta alegría muchos exigen como una suerte de condena sumarísima anticipada al juicio, tiene como finalidad evitar la destrucción de pruebas o la huida de los acusados en casos muy graves, y corresponde al juez de instrucción valorar las circunstancias para imponerla, siempre con carácter restrictivo. Y desde luego sería algo completamente extraordinario enviar a prisión preventiva a alguien por delitos contra la propiedad.

Es comprensible que mucha gente haya sentido auténtica indignación y vergüenza al saber que un agente de la Guardia Civil destinado en el Puesto Principal de Sant Antoni, pudiese haber caído tan bajo como para pasarse al «lado oscuro» y formar parte de un grupo de delincuentes cuyas fechorías han generado una importante alarma social y desasosiego. Y es fácil adivinar que los primeros indignados sean sus propios compañeros, más de 130 agentes pertenecientes a su misma unidad territorial, pues su comportamiento daña la imagen del colectivo. Injustamente, claro está, pero lo hace.

Lo auténticamente inexplicable es que desde la Comandancia de la Guardia Civil se apunte que no hay base para aplicar ninguna medida cautelar de las que prevé el severísimo régimen disciplinario del Cuerpo, que contempla medidas cautelares para evitar un perjuicio grave al servicio o a la buena imagen de la Institución, como parecer ser el caso. El agente detenido y expedientado puede ser cesado en sus funciones habituales por un periodo máximo de tres meses y en caso de una falta muy grave, incluso podría ser cesado en el destino.
Discúlpenme por el ejercicio de inmodestia, porque en esta materia soy autoridad y sé de lo que hablo. Fui miembro de la Guardia Civil desde septiembre de 1992 hasta noviembre de 2011 (19 años y 2 meses). Y fui suspendido de empleo de forma cautelar en enero de 2007 porque siendo secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), llevamos a cabo una concentración en la Plaza Mayor de Madrid el día 20 de enero de aquel año, donde reunimos a más de 3.500 agentes de uniforme. Pocos días más tarde, alrededor de ¡20 dirigentes de AUGC! fuimos expedientados y suspendidos cautelarmente durante el máximo que la Ley permitía, 3 meses. Ninguno de nosotros había sido detenido, ni existía proceso penal en nuestra contra, ni se nos imputaba ningún delito. No formábamos parte de una banda dedicada a asaltar casas y desvalijarlas y sin embargo la Guardia Civil nos envió a casa temporalmente. ¡A 20 dirigentes de AUGC! Claro está que para la Benemérita era y es mucho más grave ser sindicalista que pertenecer a la banda de Alí Babá. Recuerdo que quien me notificó esa decisión fue el entonces comandante Jaume Barceló, ahora coronel jefe de la Guardia Civil de Balears. Seguro que él también lo recuerda. Si ahora, con mucho mayor motivo como se puede ver, no se adoptan medidas cautelares, será porque no se quiera, no porque no se pueda como se está diciendo. Me cuesta creer que el coronel Barceló se haya vuelto flojo con los años.