Joan Miquel PerpinyàEivissa31/03/16 0:00
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La regidora de Gobernación de Sant Antoni de Portmany, la socialista Aída Alcaraz, anunció en lunes en IB3 Radio que dado que la gente tiene costumbre de beber cuando tiene sed, sin prestar especial atención al lugar en que se halla, lo que incluso les lleva a libar en la vía pública, y "ante la imposibilidad muchas veces de diferenciar si se trata de alcohol o simples refrescos nos hemos visto ante la necesidad de adoptar estas medidas". Se refería a prohibir que los ciudadanos salgan a la calle con cualquier tipo de bebida, sea la que fuere, porque igual en una lata de Coca-Cola se ha introducido algún líquido espirituoso. Para ello se modificará la ordenanza cívica en este sentido. Se da la peculiar circunstancia de que la imposibilidad de discriminar entre bebidas alcohólicas o simples refrescos a la que se refería la joven concejala debe ser privativa de la Policía Local de Sant Antoni, pues no consta que una medida similar haya sido adoptada jamás en ningún otro lugar de España. Se desconoce si esta disfunción tiene alguna relación con la contratación de Ángeles Gallardo, directora técnica de seguridad, cargo que se solapa con el del jefe de la Policía Local.

Me pregunto qué dirán sus colegas socialistas de Palma. Cuando el PP se atrevió a aprobar una ordenanza cívica que desde luego no le llega ni a la suela de los zapatos a la que impulsa el equipo de gobierno portmanyí, poco menos que los tacharon de fascistas y otras lindezas mayores. Aquella era una ordenanza infinitamente menos intervencionista que la que defiende Alcaraz, pero los partidos de izquierdas salieron en tromba y finalmente la Justicia la tumbó. Creo que ahora pasaría lo mismo –lo de los tribunales, digo, porque la izquierda es quien patrocina la ley seca– y además nadie la cumplirá porque la gente, cuando tiene sed, bebe, diga lo que diga la concejal. Y menos mal, porque de lo contrario habría que reforzar el servicio de ambulancias del 061 ante la avalancha de lipotimias y desmayos.