¿Quién debe pagar las consecuencias del ocio nocturno?

El sindicato lo denunció el viernes en una rueda de prensa. El mismo día, el Área de Salud de Eivissa y Formentera lo desmentía en un comunicado: descartaba cualquier tipo de colapso y aseguraba que el número de casos atendidos en Sant Antoni era similar al de 2014.

Sea como sea, las críticas que ha manifestado el sindicato ponen sobre la mesa un asunto que no me parece secundario: ¿quién debe pagar los ingentes gastos sanitarios y de seguridad ciudadana que genera el ocio nocturno en Eivissa?, ¿las salas de fiesta y bares o la Administración?... De hecho, las grandes discotecas se suelen pagar ya su propia sanidad.

Los de Comisiones culpan de la situación del West a los empresarios. Reclaman que se instale de nuevo la carpa del año pasado, atendida por un servicio sanitario privado, y recuerdan que también el verano pasado se estableció un servicio de agentes cívicos, para intentar que los turistas cumpliesen con las ordenanzas; el primer servicio lo pagaban los bares del West, el segundo lo pagaba el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Yo no sé si los empresarios del West deben asumir el coste de un servicio de sanidad privado o si se debe incrementar con dinero público la plantilla de urgencias en Sant Antoni, no sé si se debe ampliar la plantilla de la Policía Local de Sant Antoni o si se debe contratar una docena de agentes cívicos. Lo que me parece es que no se pueden pasar las semanas, los meses y el verano entero sin hacer ninguna de estas cuatro cosas, es decir, sin hacer nada. Que yo sepa, los únicos que se han movido este año han sido justamente los empresarios, que han contratado vigilancia privada.

El tema del West no es precisamente un problema nuevo, que haya que ponerse a estudiar desde cero; el nuevo equipo de gobierno de Sant Antoni debería haber entrado ya con una cierta idea de cómo abordar el asunto. De hecho, cuando no estaban en el gobierno, el PSOE, el PI y Reinicia criticaron con ahínco las decisiones que tomó el PP en materia de seguridad ciudadana, como fueron los agentes cívicos; entonces, hubiéramos dicho que conocían con absoluta certeza el modo de cambiar el caduco modelo turístico de Sant Antoni.

Hoy en día, en el West, ni servicio sanitario ni agentes cívicos; pero sí los mismos problemas de siempre, según se han encargado de recordarnos desde Comisiones. ¿Quién tiene que pagar los cristales rotos?... Yo no estoy seguro de que los empresarios del West tengan que asumir el coste total de la seguridad y de la asistencia sanitaria que genera el barrio. Supongo que los empresarios pagarán sus impuestos: tienen derecho a que la policía mantenga el orden en el barrio y a que las ambulancias se lleven a los que de verdad necesiten asistencia sanitaria. Si siguiésemos hasta el extremo la lógica de Comisiones, las discotecas de Platja d'en Bossa y los hippies del puerto de Vila tendrían que pagar de su bolsillo la futura ampliación de la carretera de Santa Eulària, ya que por su culpa la gente se desplaza de Santa Eulària hacia la capital.

Sin embargo, es evidente que zonas como el West o como Platja d'en Bossa generan un sobrecoste que los ciudadanos estamos pagando día tras día, sea con nuestro dinero o con nuestra paciencia cuando tenemos que ir a urgencias. Y, ciertamente, tal y como señalan desde Comisiones, una persona ebria no es un enfermo, no tiene un problema de salud: tiene un problema con la bebida, que no es lo mismo. Por ello, que los empresarios paguen una carpa con un par de enfermeros, me parece una buena idea. Que el Ayuntamiento de Sant Antoni pague un servicio de agentes cívicos me parece una buena idea. Y que la Administración Pública y las empresas colaborasen para solucionar los problemas que sufre el West me parecería una idea aún mejor, y, llegados a este punto, una necesidad. No creo ni que la Administración ni que los empresarios puedan lavarse las manos en este asunto: podríamos decir que son corresponsables y que ambos deberían poner de su parte desde el minuto cero. Lamentablemente, los cien días de gracia para el gobierno entrante, en un pueblo como Sant Antoni y en plena temporada, no son posibles.

Ni los agentes cívicos ni las carpas sanitarias van a resolver el problema de fondo, que es un tipo de turismo y una oferta ligados al consumo de alcohol y drogas. Pero, mientras no llegan a Eivissa esas imaginarias familias nórdicas ansiosas por probar el bullit y descubrir nuestro patrimonio, algo habrá que hacer, para que esos ingleses que aman tanto la bebida no den más problemas de los estrictamente necesarios.