J. M. Alonso20/04/15 0:00
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El conocido abogado Joan Cerdà, azote de políticos, que como periodista fue director de la revista Proa, lleva este año tres muescas en su estilográfica. Se trata de la imputación de tres políticos, la exalcaldesa Lurdes Costa (muy relacionada con el PSOE), el exconcejal Alejandro Marí (PP) y, de rebote, en una denuncia que presentó contra los dos responsables del Club Deportivo Sa Graduada por presunto alzamiento de bienes, la del expresidente Xico Tarrés (PSOE).

Además, en febrero presentó una querella contra la alcaldesa de Vila, Virginia Marí (PP), por no haber ésta denunciado al Govern por su presunta inacción por los vertidos del emisario de Talamanca. Desde luego, de este abogado se podrá pensar de todo menos que se trata, en el sentido original del término, de un idiota (palabra que se usaba en la antigua Grecia para referirse a los ciudadanos y egoístas que no se preocupaban de los asuntos públicos para no meterse en líos).

Veremos cómo acaban estas imputaciones, porque nos hemos acostumbrado a escuchar tanto ruido mediático que después se ha correspondido con naderías judiciales que hemos aprendido lo relativo y polisémico que es ese concepto tan mal sonante: imputado.

Dentro de esta misma calificación pueden albergarse responsabilidades graves, o menos graves, o livianas, o irrelevantes, o incluso falsas, como hemos visto en ocasiones. Metiendo a todo el mundo en el mismo saco de la imputación, duro término, han comprendido algunos de nuestros políticos la injustica que supone semejante trato. Por eso, ahora que tanto les afecta, están estudiando cambiar la ley y hablar de ‘investigados' o ‘encausados' o ‘sujetos pasivos de un proceso penal'… Es la misma injusticia que durante mucho tiempo han tenido que soportar y -por supuesto- siguen soportando los delincuentes habituales, tanto los peligrosos como los pobres incautos. Con la judicialización de la política nuestros políticos han comprendido por fin –los que no lo sabían ya- que nadie se merece un trato injusto.