¿Se imaginan que los ciudadanos diésemos vida a una Ley que obligase a dimitir a aquellos políticos que no cumpliesen con su programa político? A fin de cuentas los electores votamos a partidos, tristemente en nuestro país aun no podemos escoger a personas, es decir que “los contratamos” para que en cuatro años desarrollen un proyecto. ¿Qué hacemos con una gestoría si no es diligente en la administración de las cuentas de nuestras empresas, si se olvida de cumplir los plazos, si por su incompetencia o falta de celo nos multan? Irnos a otra gestoría y, si podemos demostrar que el error o errores son suyos, hacerla subsidiaria del desaguisado. ¿Y qué pasa entonces con aquellos “responsables” políticos que actúan de forma irresponsable dilapidando las arcas públicas? ¿Acaso no deben también responder con su patrimonio, en muchos casos diezmado del nuestro?
Vamos más allá… imaginen que pudiésemos hacer una ley que actuase contra aquellos cargos públicos, ya sean de Casa Real, de partidos políticos, de sindicatos o de asociaciones con financiación a cargo del erario, que prevaricasen o se enriqueciesen con prácticas fraudulentas, como las dichosas tarjetas negras que nos están poniendo de todos los colores. Está claro que a los partidos políticos no les interesa articular una norma que rompa su castillo de naipes repleto de comodines, pero ¿por qué los ciudadanos no hacemos uso de las iniciativas legislativas populares?
El número de firmas que se precisan para poder elevar una propuesta de este tipo es 500.000. En ambos casos, en los supuestos de iniciativas legislativas que les propongo, yo creo que seríamos muchos los que rubricaríamos con fuerza nuestros nombres. La trampa está en que este trámite, como se temerán si han llegado hasta esta parte del artículo, no es tan sencillo. En 30 años solo se han elevado 66 iniciativas legislativas populares, de las que apenas 9 consiguieron recabar las firmas suficientes en el plazo estipulado para solo ver la luz en un caso. Corría el año 1995 y hacía mención a una reclamación de deudas comunitarias. Imagínense lo que ha llovido desde entonces.
Esta disposición, recogida en el artículo 87.3 de la Constitución, nos permite elevar Proposiciones de Ley al Congreso de los Diputados, salvo en aquellos supuestos que se consideran propios de Leyes Orgánicas. Creo que en esta parte del artículo se desnuda el truco de magia. La Constitución, propiamente dicha, se encuentra en este supuesto, que también tipifica como Leyes Orgánicas aquellas de naturaleza tributaria, de carácter internacional, referentes a las prerrogativas de gracia (el indulto, que corresponde al Rey con arreglo a la Ley), Presupuestos Generales del Estado, Consejo Económico y Social y la planificación económica. Es decir, que se nos acaba el chollo ya que realmente no podríamos sentar un precedente ni crear ese tipo de leyes de las que les hablaba aunque quisiésemos y lográsemos cumplir la cadena de premisas que se desglosan a modo de mapa del tesoro.
Y es que esto de legislar se parece un poco a las trampas a las que se enfrentaban los “Goonies” para hacerse con el tesoro de “Willy el tuerto”. Que si el texto es inapropiado, que si en nueve meses no consigue las 500.000 firmas certificadas te quedas fuera o, incluso, de sortear tales galimatías, que sean tomadas en consideración por parte de las Cámaras Alta y Baja, quienes como “el Dúo Sacapuntas” pueden abarrotar la plaza de contradicciones para no darte la oreja.
La introducción de la firma electrónica y el poder de convocatoria de Internet pueden solucionar la interpretación del pentagrama en cuanto a la resolución de la obtención de 500.000 firmas. En el caso de elevar una norma que impidiese, por ejemplo, las prospecciones petrolíferas, podríamos lograr frenar no solamente el desaguisado al que aspira la empresa Cain Energy aquí al lado, sino cualquier otro intento de agresión contra nuestro entorno.
De lo que les hablaba al principio, eso de poder controlar que los corruptos y los incompetentes campen a sus anchas en nuestras instituciones manchando el buen nombre de los que sí son aptos y que actúan casi como Superhéroes, se queda, como ocurre en la mayoría de los cuentos, en guiones de soñadores propios de películas de Serie B que nunca llegarán a los cines. ¿Se imaginan que obviando esta quimera el Congreso de los Diputados elevase estas leyes con carácter orgánico, es decir, que no podrían modificarse cada legislatura al antojo del gobierno de turno?
En fin, me voy a comprar un décimo de lotería y a jugar al Euromillón a ver si me hago rica y dejo de preocuparme por estas cosas. (Las posibilidades son mayores que las que articulo en este artículo).
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