Más de tres horas duró la reunión que ayer tarde mantuvieron en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, con los máximos responsables de los bancos y cajas de ahorros más importantes de España. Este encuentro ha tenido un cariz muy diferente al anterior, celebrado en noviembre del pasado año. En esta ocasión el Gobierno ha querido lanzar un mensaje muy directo a la banca, la necesidad de corresponder a las ayudas y apoyos recibidos desde los poderes públicos, con una importantísima operación de compra de activos, abriendo la mano en la concesión de crédito a familias y empresas.
El sector financiero no ha ocultado su molestia por los reproches lanzados desde el Gobierno y se ha defendido afirmando, no sin cierta lógica, que lo que está ocurriendo es que de un modo paralelo a la crisis están descendiendo las peticiones de liquidez para adquirir bienes de consumo o realizar inversiones. Sin embargo, no es menos cierto que las cautelas con las que bancos y cajas reciben las propuestas, en un intento de minimizar al máximo los riesgos, está provocando una auténtica paralización de la actividad económica; aquí nadie se fia de nadie.
En este contexto no resulta extraño que ya se advierta de un riesgo cierto de deflación, una vez que se ha entrado en una espiral en la que la desconfianza se instala en el sistema económico y nadie se atreve a dar un paso adelante. Cuando a pesar de las adversidades económicas los bancos y cajas pueden ofrecer unos resultados con amplios beneficios, aunque reducidos respecto a los ejercicios anteriores, parece razonable que se les pida un esfuerzo de solidaridad, sensata, para evitar que la economía entre definitivamente en barrena.
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