Los fondos estatales de inversión, un precedente

a crisis actual puede suponer una oportunidad única para cambiar los anquilosados modelos de financiación general de las administraciones en el seno del Estado. Como se está demostrando con profusión en los últimos meses, la actual configuración estructural de España adolece de varias deficiencias que sólo la buena voluntad (cuando existe) puede paliar, algo esencialmente injusto si se tiene en cuenta que la propiedad última de este dinero es del ciudadano, por más que la tendencia general de la clase política sea apropiárselo hacia sus respectivos ámbitos institucionales. Así, por ejemplo, los municipios han denunciado reiteradamente sus necesidades y el papel de comparsa que les toca ocupar en el actual sistema de reparto de los recursos. Y no dejan de tener razón, como se comprueba en la avidez que han mostrado cuando, por primera vez, el Estado les ha ofrecido un Fondo de Inversión Local cuyo fin último, paradójicamente, no era ayudarles, sino favorecer la creación de empleo. Sería una broma casi hasta cruel si no fuera por el beneficioso efecto que puede provocar y por las expresiones de alivio que en muchos casos los dirigentes municipales han emitido, que han preferido ignorar este hecho y buscar en sus cajones proyectos que con la actual configuración de las cosas tendrían que estar esperando durante ejercicios antes de que les tocara el turno. Sería importante que el Estado, además de preocuparse por el paro, enfocara también de una vez su mirada en otras necesidades que no supo cubrir en años de vacas gordas. El actual fondo de inversión ha sido, debe ser, también un primer paso en el reconocimiento de que los gobiernos municipales no reciben aquello que en justicia los ciudadanos quieren para ellos. Y ellos son, al fin y al cabo, como decíamos antes, los dueños del dinero.