06/12/08 0:00
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Hoy se conmemora el XXX aniversario de la Constitución española, la denominada 'Ley de leyes' que ha guiado la vida política, económica y social de nuestro país dentro de unos márgenes generosos en el que la inmensa mayoría de los ciudadanos se ha sentido cómodo. Con la perspectiva que dan las tres décadas transcurridas resulta inevitable admitir dos premisas: su indudable utilidad y la necesidad de acometer una reforma en profundidad.

La Constitución del 78 ha sido un instrumento que ha permitido la democratización de España, se aprobó sólo tres años después de la muerte del general Franco, consolidar la Monarquía parlamentaria y dar respuesta a gran parte de las aspiraciones de la sociedad. Admitir todos estos grandes valores -entre otros muchos- no debe significar la renuncia a la evidencia de que el texto constitucional necesita una profunda reforma, una adecuación a los cambios y demandas que se han registrado en todos los órdenes de la vida pública española.

Lograr que el Senado sea una auténtica Cámara de representación territorial, la supresión de la preeminencia de los varones en la línea sucesoria de la Corona, la adecuación a las pretensiones competenciales de las Comunidades Autónomas o el mantenimiento de determinados privilegios económicos..., son algunos de los puntos que obligan a una revisión de la Constitución; una opinión que comparten el 52'7 por ciento de los españoles, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Debe ser la clase política la que sea capaz de encauzar esta demanda mayoritaria de la sociedad española para redactar con el máximo acuerdo la renovación, por el procedimiento más adecuado, de la Constitución vigente antes de que quede obsoleta.