30/09/08 0:00
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Un nuevo caso de presunta corrupción vuelve a provocar alarma. Las detenciones de la que fuera gerente del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) en la época del Govern de Jaume Matas, Antònia Ordinas; su esposa, la soprano Isabel Rosselló, y otras seis personas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos se suman a otros casos que han hecho que nuestra Comunitat Autònoma saltara a las primeras páginas por unos hechos que, de ser ciertos, son absolutamente reprobables.

Es necesario que se depuren las responsabilidades que puedan derivarse de unas actuaciones que presumiblemente están fuera de la ley. Y, para ello, es preciso que se deje trabajar a la Justicia sin interferencias ajenas, con toda la independencia que requiere para esclarecer los hechos y castigar, caso de que se demuestre la comisión de delitos, a los responsables.

Pero queda sobre el tapete la espinosa cuestión del fallo de los mecanismos de control que debieran haber detectado las presuntas anomalías hace ya algún tiempo y puesto remedio en aquel momento. Y, si bien es cierto que la dinámica política tanto balear como española parece llevar implícito un mecanismo de conservación del poder, esto no debiera ser óbice para que prevaleciera el servicio a la ciudadanía y el interés común, atajando de raíz cualquier presunto caso de corrupción nada más producirse.

Por desgracia, de confirmarse los hechos, la época del Ejecutivo de Matas, pese a sus logros en la gestión, sumaría otra mancha más en la triste historia de actuaciones punibles por la Justicia. No es ciertamente como para estar orgullosos.