Educació debe cumplir sus compromisos

El conflicto se centra en la equiparación salarial de los docentes de la enseñanza concertada, un compromiso suscrito en la pasada legislatura por el Govern del Partido Popular sin que se obtuviesen avances significativos. Ahora, el equipo que dirige la consellera Bàrbara Galmés ha aceptado el cierre de las aulas, con las consiguientes molestias a miles de padres que han tenido que recurrir a familiares próximos para que se hiciesen cargo del cuidado de sus hijos, argumentado dificultades presupuestarias. Lo cierto es que la Conselleria admitía las reivindicaciones del colectivo de enseñantes a partir del mes de julio, por tanto la distancia real -en términos económicos- entre ambas partes negociadoras no puede considerarse inasumible dentro del cómputo global del coste del servicio.

Al margen de ellos, la Conselleria debería evitar dar la imagen de tener ciertos recelos respecto de la enseñanza concertada. La Administración debe apoyar a los centros de titularidad pública, pero sin olvidarse de los colegios privados concertados, religiosos o laicos, todos ellos imprescindibles para garantizar una correcta escolarización de todos los niños y jóvenes entre los tres y los dieciséis años.

La Conselleria tiene la obligación de evitar más huelgas y hacer efectivos sus compromisos, con independencia del momento político en que fueron adquiridos.