El número de personas fallecidas o desaparecidas a lo largo de 2006 intentando alcanzar las costas canarias o andaluzas se ha triplicado en el último año. Oficialmente, la cifra se sitúa en 1.167 inmigrantes, aunque sólo en aguas del archipiélago canario podría elevarse hasta superar los 7.000 muertos o desaparecidos.
La cifra es escalofriante, bastante superior a los más de 3.000 fallecidos en las Torres Gemelas el 11-M y al número de militares estadounidenses muertos hasta el momento en la ocupación iraquí. A pesar de ello, Europa apenas ha movido ficha y se ha sumado muy parcialmente a la petición del Gobierno español de controlar la inmigración ilegal. Las medidas aprobadas en su día han resultado escasas y poco eficaces, a tenor de la continua llegada de irregulares a las costas españolas. Ayer, sin ir más lejos y a pesar de ser invierno, llegaron a Canarias cerca de 30 inmigrantes subsaharianos más.
La realidad se puede calificar de catástrofe humanitaria y, si no se pone freno, las muertes continuarán e incluso podrían aumentar a lo largo de este año que acaba de comenzar. El Gobierno de Zapatero ha agilizado las repatriaciones y ha comenzado a implicar a países como Senegal en el control de los cayucos que parten hacia las costas españolas. A pesar de ello, la colaboración entre ambos gobiernos no ha sido capaz de reducir el número de fallecidos, que ha aumentado de forma considerable: la cifra oficial de inmigrantes que no consiguieron alcanzar las costas españolas en 2005 fue de 368.
Rodríguez Zapatero y la Comunidad Europea deben tener presente que el flujo migratorio va a continuar. Por eso, urge una política comunitaria eficaz y prolongada en el tiempo que ponga freno a unas muertes que volverán a producirse este año si nadie lo remedia.
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