Un total de 69 mujeres han perdido la vida a manos de su pareja o ex pareja, tres de ellas en Balears. La cifra, suficientemente elevada aunque cualquiera lo es, ha provocado que el Ejecutivo apruebe un paquete de 20 nuevas medidas para acelerar la lucha contra la violencia de género, actuaciones que se suman a las enmarcadas en la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada ya hace dos años y cuya aplicación no ha sido suficiente como para frenar los abusos, las muertes y el miedo.
La ley, positiva desde su inicio, no ha resultado del todo eficaz para atajar un grave problema que, lejos de disminuir, ha aumentado en tan sólo un año. Así las cosas, el Ejecutivo de Zapatero ha optado por subir el tono a la legislación y aumentar aspectos tan decisivos como la protección judicial y la seguridad de las víctimas, algo que ha planteado con carácter inmediato.
Entre las medidas, también figuran la incorporación de 42 fiscales especializados en este tema y 222 nuevos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para prevenir y luchar contra este tipo de delincuencia cuya efectividad se queda muchas veces en los despachos y se pierde cuando se trata de proteger a la víctima de un maltrato.
Las medidas son buenas y necesarias, aunque insuficientes. Todos los partidos políticos deberían aplaudir la puesta en marcha de unas nuevas actuaciones que no entienden de colores políticos, sino de humanidad y de justicia. Lástima que el PP no haya valorado esta propuesta en esos términos. Para los «populares», este conjunto de medidas llega tarde, pero más vale que lleguen a que nunca se aprueben en el Congreso. La cifra de fallecidos en 2006 supera en casi 10 a las muertes en 2005, una cifra terriblemente alta con la que todos los partidos deben sentirse implicados.
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