El manifiesto proclamado ayer por los convocantes de la Diada Solidaria celebrada en el aparcamiento disuasorio situado junto a Gesa subió enormemente el tono de acusaciones públicas sobre los proyectos de infraestructura que se llevan a cabo en las Pitiüses. La introducción estudiada de términos como «corrupción», «especulación» y «mafia» asociados a nombres propios de políticos -o ex políticos- insulares en la proclama leída por los músicos Gerard Quintana y Joan Murenu supone dar un paso muy peligroso para el futuro social de las Pitiüses, que vive momentos de tensión que alteran enormemente la convivencia y distanciando aún más, si cabe, a una población dividida en dos: los que apoyan el desarrollo de los proyectos y los que no. No es la primera vez que ocurre y no es una cuestión intrascendente, por más que surja de una postura de defensa de la tierra, del establecimiento de una opinión o de la legítima protesta de los afectados por las expropiaciones, porque se trata de acusaciones que quizás no sean punibles legalmente por la estudiada forma de introducirlas, pero, desde luego, no hacen nada para promover la confianza de los ciudadanos en la clase política, un asunto que debe plantearse de manera seria tanto en las propias formaciones como por el ciudadano consciente. Es verdad que Consell y Govern, responsables de los principales proyectos viarios, epicentro de la protesta social celebrada ayer, no han sabido convencer a afectados y opositores al proyecto de las razones que justifican tal o cual aspecto, pero también es verdad que se están encontrando con argumentaciones en contra difíciles de justificar pero fáciles de encajar en el inconsciente colectivo. Es efectivo a corto plazo, pero muy peligroso, y en los próximos meses podemos asistir, incluso, a un empeoramiento de la situación, porque cuando el diálogo se vuelve imposible llegan los dislates.