Que en pleno siglo XXI y en una ciudad del primer mundo como es
Barcelona ocurra lo que ha ocurrido resulta, cuando menos,
inverosímil. Pero es que además del fiasco técnico y político del
hundimiento del túnel de construcción del metro en el barrio del
Carmel, hay nada menos que mil familias que se han quedado sin
hogar, lo que ya entra de lleno en el terreno de lo
inadmisible.
Ha habido negligencias, malos modos y ahora, para completar la
escena, censura informativa. Algo increíble que salpica de forma
clara y contundente al Govern de la Generalitat y, de rebote, al de
La Moncloa.
Desde el punto de vista técnico, deberá ser la Generalitat -y en
la parte que le corresponde, también el Ayuntamiento de Barcelona-
quien responda de los errores cometidos y quien apechugue con las
consecuencias.
Pero hay más. Tenemos una metedura de pata política de enorme
envergadura. Lo de la censura no ha sido una cuestión casual ni
espontánea, qué va. Tras el desastre, un funcionario de la
Generalitat estableció un protocolo de actuación relativo a este
asunto en el que prohibía a los periodistas hablar con los vecinos
o acercarse al lugar del siniestro. Como si quisiera correr un
tupido velo sobre una situación tan vergonzosa que nadie se atreve
a responsabilizarse de ella.
Y para redondear la cosa, la visita al lugar de los hechos del
presidente del Gobierno -que debía haberse producido mucho antes-
fue tan fría que resultó teatral. No dejaron que los vecinos se
acercaran, seguramente para evitarle un mal trago. Una imagen que
recordó demasiado la actuación, tan criticada, de los dirigentes
del PP cuando la tragedia dePrestige.
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