La futura Ley Orgánica de la Defensa Nacional

El anteproyecto de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que el Gobierno se propone aprobar supone un cambio substancial especialmente en lo que concierne a la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones que no estén relacionadas con la defensa de España. De aprobarse definitivamente la ley -que el Gobierno tiene intención de consensuar con el PP-, nuestros Ejércitos no podrán tomar parte en ninguna acción militar que no haya sido autorizada por la ONU o por las organizaciones internacionales a las que pertenece nuestro país, o que vulnere el derecho internacional. Amén de ello, la nueva norma impone al Gobierno la obligación de consultar al Parlamento antes de ordenar la participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones que no estén relacionadas con la defensa de España. Un Consejo de Defensa, organismo que vendrá a sustituir a la Junta de Defensa Nacional, asesorará al presidente en caso de crisis o conflicto armado. Éstas son las líneas generales de una futura ley que, de haber estado en vigor en su momento, habría impedido por ejemplo el envío de tropas a Irak -una guerra que ha sido calificada de ilegal por el propio secretario general de la ONU-, o cuando menos habría puesto al Gobierno de Aznar en la tesitura de enfrentarse a una demanda judicial por vulnerar una ley orgánica. No cabe duda de que estamos ante un futuro texto legal llamado a generar alguna controversia entre las fuerzas políticas, pero que por su parte puede gozar de un amplio respaldo de la ciudadanía, que como se comprobó a su tiempo, no es mayoritariamente partidaria de ver involucradas a nuestras tropas en empresas que no nos conciernen. Por otra parte, la obligación del Gobierno de consultar al Parlamento soberano antes de ordenar cualquier intervención militar sitúa en su justo punto la cuestión con independencia de la política que unilateralmente pretenda imponer el gobernante de turno, como ya ocurrió en el pasado.