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Por primera vez, un grupo de soldados norteamericanos desplegados en Irak ha presentado una demanda civil por incumplimiento de contrato contra los altos responsables del Pentágono. Ello ha tenido lugar coincidiendo con la apelación pública de que fue objeto el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por parte de la tropa en su última visita a Irak. Juzgan los soldados discrepantes que en los papeles firmados cuando se alistaron por un año no figuraba la potestad del Pentágono de extender unilateralmente su período de alistamiento. ¿Qué quiere decir todo ello? Sencillamente, que el mismo Gobierno de Washington que en su momento infravaloró la capacidad de resistencia iraquí, y calculó un período equivocado de duración del conflicto, se agarra ahora a un clavo ardiendo. La situación ha llegado a extremos tan críticos que existe una evidente confrontación en las directrices expresadas desde la Casa Blanca y los informes de la CIA.

Éstos últimos hablan, frente al optimismo que propala Bush y los suyos, de una situación progresivamente deteriorada que irá en aumento a lo largo de los próximos meses. Ni siquiera la promesa del Ejecutivo estadounidense de aumentar la cifra de 140.000 soldados que ahora combaten en tierra iraquí ha servido para tranquilizar los ánimos. La lucha contra los insurgentes no está dando los resultados apetecidos. La inestabilidad que hoy vive el país podría fácilmente dar lugar a una escalada en los enfrentamientos que sería le preludio de un conflicto civil. Consciente de ello, una tropa norteamericana que cuenta ya con casi 1.300 muertos y cerca de 10.000 heridos entre sus filas, cuestiona con razón una política de guerra mal ejecutada y aún peor calculada.