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Una promesa electoral del PSOE que lleva camino de cumplirse el próximo año -una más- es la de facilitar el divorcio a quienes tengan intención de hacer uso de él. El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene intención de elaborar la reforma de aquella tímida ley de divorcio de 1981 que imponía una separación previa de dos años antes de acceder a su trámite. Algo que, por cierto, no tenía paralelismo en el resto de los países europeos menos sensibles, por decirlo de alguna forma, a las imposiciones de la Iglesia católica, que fue la responsable de tan curiosa medida.

Han transcurrido 23 años y este país es afortunadamente otro muy distinto. Convertir el divorcio de mutuo acuerdo en algo más sencillo y hacer más llevaderos los requisitos de las causas matrimoniales no tan sólo constituye una normal exigencia social, sino que posiblemente son factores que contribuirían a evitar indirectamente esa violencia doméstica que hoy incide de forma tan brutal en nuestra vida cotidiana.

Es muy positivo que aquellas personas que han decidido poner fin a su convivencia matrimonial y han optado por el divorcio puedan lograr su objetivo a la mayor brevedad posible. Todo lo que no vaya en esta dirección supone implícitamente no sólo un obstáculo administrativo sino, lo que es más grave, un escollo en el curso de una relación ya no deseada. Es de esperar que las instancias jurídicas correspondientes sepan estar a la altura de una reforma que, obviamente, obligará a remover conceptos ya caducos, cuando no indeseables prejuicios.