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El Gobierno ha aprobado la fusión de las dos plataformas de televisión digital (Canal Satélite y Vía Digital) siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas, 24 de carácter general y 10 específicas sobre las retransmisiones de los partidos de fútbol. Desde la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado no el hecho de la fusión, sino la creación de una plataforma auspiciada por el Ejecutivo de Aznar que ha resultado deficitaria y que, finalmente, acaba fusionándose. Desde muchos sectores, además, se contempla con preocupación que esto derive en un nuevo monopolio que pueda perjudicar seriamente a los consumidores.

Y todo esto acontece en el centro del huracán de una guerra mediática que enfrenta a los grandes 'holdings' de la información del Estado, uno de los cuales está directamente implicado en esta operación empresarial.

Las condiciones impuestas por el Gobierno son, en este contexto, excesivas para estos últimos; mientras que para sus más directos rivales resultan demasiado benévolas y permisivas. En cualquier caso, de lo que se trata es de que exista una televisión digital que cuente con una calidad suficiente y que, además, como es lógico, resulte rentable. Lo contrario, obviamente, carecería de cualquier sentido. Y precisamente por ello es razonable que, en un intento de salvar la televisión digital, se produzca esta fusión. Ahora bien, es preciso que se garanticen los intereses de los consumidores y que éstos no resulten perjudicados por una posible posición de fuerza de un nuevo monopolio. Esta tarea de protección es labor del Ejecutivo, que ha debido fijar las normas para que esto sea así y no de otro modo. Se trata de que lo que salga reforzado sea el interés general, haciendo éste compatible con los intereses empresariales.