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Que el acceso a una vivienda se ha convertido en un auténtico problema nacional es algo que sabemos todos, pero con las propuestas que se están planteando desde diversos sectores no se logrará solucionarlo. El precio del suelo se ha duplicado en dos años "el coste del solar representa el 50% del precio total de la vivienda" y lo ha hecho especialmente en Madrid y en las zonas con atractivo turístico: Balears, Cataluña y Andalucía. Las viviendas, como dijo el Gobierno, se siguen vendiendo, desde luego, pero habrá que analizar a qué precio. Una de cada tres familias que soporta una hipoteca sufre grandes dificultades para pagarla, lo que a la larga puede suponer una importante quiebra económica y social.

La solución de ampliar en lo posible el suelo urbano parece, como se suele decir, pan para hoy y hambre para mañana, pues la extensión de las ciudades hasta el infinito es un despropósito que puede conllevar graves consecuencias sociales. Y es algo que, por razones obvias de territorio, en nuestras Islas resulta imposible e indeseable. Mejor aspecto tienen las medidas destinadas a fomentar el alquiler de viviendas vacías, pero siempre sería deseable que se hiciera mediante la bonificación a los propietarios "que se arriesgan a acoger inquilinos que luego resulten ruinosos", en lugar de la penalización a quienes mantengan viviendas vacías, como sugieren desde el Ministerio de Fomento.

Al final, lo que ocurre es que el centro de las ciudades se queda en exclusiva para oficinas dado el precio de estos pisos, mientras los cascos antiguos se dejan morir de pura ruina en clarísimas maniobras especulatorias y la gente se ve obligada a vivir en las afueras. Para evitarlo se precisa un gran pacto que involucre a todas las partes y que proponga respuestas que no perjudiquen a nadie, solidarias y creativas.