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El Parlamento español se pronunció, por 295 votos contra 10, a favor de la ilegalización de Batasuna, tan sólo unas horas después de que Baltasar Garzón decretara la suspensión de las actividades de la coalición vasca durante los próximos tres años. Podrá discutirse si ha sido casualidad que el mismo día en que la institución que encarna la soberanía popular "el Parlamento" se disponía a iniciar el procedimiento para ilegalizar Batasuna, el polémico juez de la Audiencia Nacional se adelantara y ordenara, entre otras medidas, el cierre de las sedes de los cómplices de ETA. No cabe duda de que se ha restado protagonismo a los diputados. Pero de cualquier modo, lo irrefutable es que la maquinaria del Estado de derecho se ha puesto en marcha. Es la respuesta de la ley y de la democracia frente a quienes se han valido de esa misma democracia para ser portavoces del terrorismo.

El auto de Garzón constata lo que todos sabían: la vinculación entre Batasuna y ETA, asumiendo distintos papeles en un mismo entramado criminal. Los líderes de HB, imbuidos de la misma locura que ETA, han cruzado repetidamente, y en un continuo desafío, la frontera entre las ideas "que no se persiguen" y las conductas criminales. La impunidad se ha acabado.

Tras unas horas de titubeo, la Ertzaintza ha cumplido la orden del juez Garzón. Como era previsible, la coalición abertzale se ha resistido y se han registrado momentos de tensión. Vendrán días difíciles. Probablemente, no se hará esperar la sangrienta respuesta de ETA. Será la trágica prueba "por si faltara alguna más" de que son la misma cosa. Pero la amenaza del terrorismo no puede ser, en una sociedad libre, un obstáculo para que se cumpla la ley.